El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) sigue trabajando en los nuevos acuerdos marco para la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios, tras el varapalo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). En este sentido, destaca el cambio de procedimiento por el que ha optado el organismo dependiente de Sanidad de cara a la adquisición de fármacos, el acuerdo negociado sin publicidad, del que se podría beneficiar a un número indeterminado de comunidades autónomas, ya que, como ha podido saber este periódico, hay algunas de las que firmaron los anteriores convenios que están sopesando no adherirse.
En lo que respecta al cambio de procedimiento, confirmado a este periódico por varios agentes del sector y admitido como “una posibilidad” por parte del Ingesa, cabe señalar algunos pormenores a tener en cuenta. “La Ley de Contratos del Sector Público establece una serie de condiciones para poder convocar este tipo de acuerdos, que no requieren publicación en el Boletín Oficial del Estado ni el Diario Oficial de la Unión Europea, sino que parten de una invitación directa a las empresas por parte de la Administración.
Una de ellas es que haya proveedor único. La otra, que sean productos procedentes de lotes que han quedado previamente desiertos”, explica Sara Castelo, abogada-socia de Tesera de Hospitalidad especializada en compra pública. Y en este caso, indica, no se da ninguno de los dos supuestos anteriores.
Inclusión del factor VIII
En el caso de los productos sanitarios está claro, ya que ningún lote tiene proveedor único. Y lo mismo ocurriría en algunos lotes de medicamentos, teniendo en cuenta además que el Ingesa ha confirmado, junto con algunas compañías, que se van a incluir los factor VIII recombinante en este mismo concurso, productos que en ocasiones tienen un licenciador y un licenciatario. Unido a esto está la inclusión de medicamentos biológicos y biosimilares en el mismo lote, con lo que se rompe también la exclusividad.
“Si quieren sacar un procedimiento con los lotes anteriores más los factor VIII va a haber algún supuesto para el que no se van a dar los requisitos que recoge la ley para los acuerdos negociados sin publicidad”, advierte Sara Castelo, quien se pregunta “cómo lo van a hacer”.
Junto a este aspecto, la abogada de Tesera destaca la ausencia de incentivos para las compañías, que podrían sufrir la duplicación de descuentos, se verán obligadas a ofertar sin que se haya apuntalado el mecanismo para garantizar el cobro de las facturas y, en el caso de las farmacéuticas innovadoras, no se van a poder librar de sus competidores. “Hay que ponerse en el lugar del director general de una multinacional que opera en España y qué puede hacer este para convencer a la central de que tienen que participar en un procedimiento como este, que incluye descuentos de entre el 30 y el 70 por ciento sobre PVL, siendo además España uno de los países de referencia en materia de precios”, exclamó.
Esta ausencia de incentivos ha sido motivo de queja por parte del sector. Incluso la oposición se ha querido pronunciar en este sentido. Así, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, recordó la importancia de que la industria no sienta estos procedimientos como algo impuesto. “Coincidimos con la idea de que es preciso incentivar la participación de las compañías. La compra centralizada no se debe ver exclusivamente como un mecanismo para generar ahorros. Es preciso implicar a la industria y convencerla de su conveniencia”, afirmó, en declaraciones para EG.
Esa necesidad de involucrar a las compañías se debe, según Martínez Olmos, a la gran utilidad e interés que tienen estos procedimientos para el Estado. Y no tanto por que se vayan a generar grandes ahorros, sino “porque ayudan a generar economías de escala para el SNS, y eso es muy positivo para todos”.
¿Qué harán las autonomías?
Junto a los problemas señalados, que tienen que ver con la necesidad de ajustar el nuevo procedimiento elegido a la legalidad así como y la ausencia de incentivos, planea la posibilidad de que algunas comunidades autónomas opten por no adherirse a los nuevos convenios y que afecta principalmente al acuerdo marco para la compra de productos sanitarios. Según ha podido saber este periódico, hay varias que ya han puesto encima de la mesa esa posibilidad. Entre ellas está Canarias que “no está decida la posición final, aunque es perfectamente factible que se opte por abandonar e iniciar un procedimiento propio”.
Fuentes del sector han confirmado a este periódico que Canarias no es la única, aunque las comunidades consultadas han obviado hacer declaraciones y es de suponer que se pronunciarán de forma definitiva cuando el Ingesa defina el contenido de los nuevos acuerdos marco.
A este respecto, y como ya se ha comentado en números anteriores, cabe señalar que son la eliminación de la variabilidad en la aplicación de los criterios técnicos y la obligación de seleccionar a un proveedor único las causas principales de ese retraimiento que reina en algunas consejerías de Sanidad. “El tribunal ya aludió a la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan elegir entre varios proveedores, pero el procedimiento elegido solo permite un único licitador. Eso, para algunos productos como las tiras reactivas, donde las comunidades prefieren disponer de varias alternativas, puede generar la no adhesión. Además, garantizar el abastecimiento es clave en una compra centralizada y si optas por el proveedor único puedes encontrarte con problemas en este sentido”, alerta Castelo.
A pesar de todo lo dicho, la abogada considera que en el caso de las comunidades no todo está perdido y que estos escollos se podrían solventar si el Ingesa optara por una ligera modificación del procedimiento. “Una opción válida y eficaz sería un acuerdo marco con la definición de todos los términos del contrato en el pliego principal, que estuviera distribuido en lotes y que permita una oferta base con variante, donde el precio deja además de ser el único criterio de valoración”, señala Castelo.
De los últimos acontecimientos sucedidos en torno a la convocatoria de los acuerdos marco para la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios se desprenden algunas lecciones que merece tener en cuenta para obtener más éxito en el futuro. La primera de ellas, según indica Sara Castelo, abogada de Tesera de Hospitalidad, es que “la compra centralizada es un medio adecuado para conseguir ahorros, pero no se puede comprar de forma centralizada de cualquier manera, sino que tienes que satisfacer las necesidades de los pacientes y la capacidad de elección de las comunidades autónomas”.
La segunda es que “la utilización del precio como criterio único no es la mejor opción y de hecho así ha sido manifestado recientemente por parte del Parlamento Europeo cuando se trata de adquirir productos que afectan a la salud”. Y por último, que “ninguna compra centralizada podrá ser puesta en marcha sin tener en cuenta a las partes afectadas y que el diálogo, por tanto, es vital”. En este misma línea se pronunció el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, quien aseguró que el diálogo es la única vía que existe para poner de acuerdo a las comunidades y la propia industria.
