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Establecer incentivos que premien la permanencia del médico de familia en el mismo puesto de trabajo y con la misma población, aumentando hasta el 50 por ciento el componente de pago por persona asignada a su cupo —en la actualidad no llega al 5 por ciento— o mejorando su polivalencia con más formación, tiempo y recursos son algunas de las medidas que mejorarían la longitudinalidad de la atención primaria y fidelizarían a estos profesionales, junto con una reforma que haga de los especialistas consultores actúen como asesores del médico de AP.
Estas son algunas de las asignaturas pendientes de la reforma del primer nivel recogidas en el informe anual de la Sociedad Española de Administración Sanitaria y Salud Pública (Sespas) que, en esta ocasión, ha querido realizar una “fotografía reflexiva” sobre la situación de la primaria en nuestro país. Según uno de sus editores, Francisco Hernansanz, esta falta de reconocimiento, junto con la insuficiencia presupuestaria se refleja en un “desafecto” de los nuevos profesionales —que no eligen esta especialidad— y de la población, de forma que los grupos con un nivel cultural, educativo y adquisitivo superior a la media —con un seguro privado o los funcionarios pertenecientes a mutualidades— “escapan” o “se saltan” esta atención. En su opinión, el profesional de AP que ejerce en la privada no asume todas las funciones que debería y “redirige las visitas” al especialista hospitalario favoreciendo así el deterioro de un nivel que solo es universal en su concepción, no en su implantación.
Este documento insiste en el modelo de autogestión y pequeña empresa que recomienda la Unión Europea como una de las posibles soluciones, eligiendo las fórmulas que ya están teniendo buenos resultados en términos de eficiencia y satisfacción de profesionales y usuarios como las desarrolladas en Cataluña. Esta diversificación de la primaria ha sido evaluada por diversos organismos como el Defensor del Pueblo, el Servicio Catalán de la Salud y el Instituto de Estudios de la Salud obteniendo como resultados una rápida adaptación a los cambios, sin apenas listas de espera en pruebas complementarias —los médicos eligen el lugar al que remitir a los pacientes sin estar “cautivos” de un hospital— y ofertando una cartera de servicios ampliada sin tener que recurrir a otros proveedores.
Por otra parte, el informe también refleja cómo alrededor de 200 millones de recetas adicionales a los 934 millones prescritas en 2009 se “perdieron en el camino” y no llegaron dispensarse pese a constar en la historia clínica de los pacientes, una “sobreprescripción” que supuso, en cifras globales, 14.000 millones de euros de gasto farmacéutico —cifra que se redujo a más de 11.000 millones en 2011 por las bajadas de precios ordenadas por el Gobierno y la prescripción por principio activo—, situando al país en segunda posición en consumo de fármacos por habitante, sólo por detrás de Estados Unidos.
Aunque una parte sustancial de esta recetas fueron prescritas en el primer nivel por indicaciones de médicos hospitalarios, la elevada presión asistencial, según Hernansanz, favorece que los médicos no informen suficientemente a sus pacientes de la utilidad de los fármacos —casi un 31 por ciento declara no recibirla nunca o casi nunca—. Para intentar paliar esta situación, el experto propone evaluar las prestaciones que no están siendo coste-efectivas y dejar de financiar los medicamentos que no ofrezcan la efectividad que deberían, aunque no cree que la tasa de un euro por receta de Cataluña vaya a cumplir este objetivo.
“El profesional de AP que ejerce en la privada no asume todas las funciones que debería”
La “sobreprescripción” supuso un gasto global de 14.000 millones de euros, en segunda posición mundial
