Tiene por norma no valorar las decisiones adoptadas en otras comunidades más allá de Cataluña. Muy respetuosa con las competencias, la portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso de los Diputados cree, sin embargo, que una buena financiación sanitaria habría ahorrado muchas decisiones autonómicas. El momento es peliagudo, pues como reconoce la impulsora de la subcomisión del Pacto, ni PP ni PSOE parecen proclives a firmar ningún acuerdo.
Pregunta. Son ya muchos los temas sanitarios pendientes de fallo judicial. ¿Es necesario un nuevo debate competencial?
Respuesta. No creo. Hay que coordinar, aclarar y aplicar bien lo que hay. Si nos creemos el estado de las autonomías hay que ser mucho más respetuoso con ellas. Si el Gobierno no está de acuerdo habrá que ir al Constitucional. Al menos en lo que concierte a Cataluña, las medidas adoptadas son plenamente constitucionales. Pero añado que si el Estado tuviera bien resuelta la financiación de la Sanidad probablemente nos ahorraríamos muchas de las medidas que las comunidades se están viendo obligadas a tomar. No es por tanto un problema de normativa como de definición y de hacer unos presupuestos reales en sanidad, que no se han hecho nunca.
P. Sin embargo, desde el Consejo de Estado se ha dicho que el Tribunal Constitucional no parece el órgano adecuado para solucionar los problemas sociales derivados de leyes sanitarias.
R. Claro. Son problemas de déficit estructurales de la ley que obligan a las comunidades a incrementar sus recursos a la vez que a hacer pedagogía sobre el uso del medicamento. En Cataluña, las quejas al euro por receta fueron poquísimas. La gente se concienció. Es más, cuando se suspendió, en una farmacia me encontré a una señora extrañada porque no le cobraran el euro. Pero no habría hecho falta si los recursos hubieran sido importantes. Dicho esto, quiero recordar que el euro por receta no era un euro al medicamento, que es por lo que lo han recurrido, sino impuesto para la receta. Y en eso sí tienen competencias las comunidades.
P. ¿Cómo valora el fallo del Tribunal Constitucional de Portugal que declaró ilegales los recortes sanitarios?
R. Me preocupa mucho esta sentencia por lo que nos pueda tocar. A los portugueses se les han exigido grandes esfuerzos y ahora están a la expectativa de que lo que apruebe ahora no sea peor que lo había.
P. En 2012 se modificó la Ley de Garantías. ¿Fue una oportunidad perdida para aclarar las dudas a las que hace referencia?
R. Probablemente. Era una oportunidad para aclarar los temas de financiación y déficit y poner soluciones. Cataluña fue la primera comunidad en asumir las transferencias, y recuerdo a Xavier Trías quejarse de cómo se hicieron los traspasos. También podríamos buscar soluciones en la subcomisión del Pacto. Pero cuando hay partidos importantes que se excluyen, las esperanzas están muy perdidas.
P. ¿Tiene sentido la subcomisión?
R. Estoy disgustada. Fuimos los impulsores y siempre dije que me cargaría de paciencia y que intentaré estar hasta la última hora. Es el compromiso que la ministra hizo en su día de asumir sus conclusiones lo que nos mantiene en la subcomisión, aunque está muy descafeinada sin la presencia de los otros grupos. Espero que esas conclusiones puedan ser asumidas e incluso participadas y mejoradas por esos grupos que ahora no están en el trabajo diario, pero que luego tendrán que votarlas en la comisión de Sanidad. Solo con esta esperanza continuamos. Si mis opiniones no se tienen en cuenta no terminaré ni de hacerlo.
P. ¿Qué opina del recurso habitual al real decreto-ley?
R. Hay un uso y abuso de esta herramienta, que está reservada a asuntos de urgencia. El PP abusa de su mayoría absoluta para no ver las enmiendas y mejoras de otros grupos. Deberían ser proyectos de ley, si quieren de manera urgente para acordar los plazos, porque ahora no hay participación de los otros grupos.
P. ¿Alguno de ellos se usó bien en el sector?
R. No, ninguno.
P. ¿Qué opina del decreto valenciano de medidas en Farmacia?
R. No me gusta, pero tenemos que ser respetuosos con las comunidades. Es en el parlamento regional donde se debe discutir.
P. Boi Ruiz anunciado un recorte de entre el 7 y el 10 por ciento para los hospitales. ¿Espera un decreto-ley como el valenciano?
R. La declaración fue que si no se relajaba el déficit y se aplica el del 0,7 que nos exigen para 2013, y que es imposible de cumplir, habría que rebajar un 10 por ciento más en Sanidad. Pero eso no quiere decir que sea así. Todavía se están preparando los presupuestos y Cataluña sigue esperando la definición del déficit que se va a aplicar. Desde luego van a ser unos años duros, pero yo espero que no sea así.
P. ¿Hay que esperar nuevos cierres en las farmacias catalanas?
R. El Estado tiene un déficit importante con Cataluña y eso dificulta la tesorería. Actualmente estamos pendientes de que se nos paguen los recursos que se nos deben para que no tengamos retrasos en los pagos a proveedores. Espero que los pagos a centros concertados, tercer sector y farmacias se puedan resolver lo antes posible.
P. ¿Cómo valora el hecho de que el sector haya decidido agruparse para reclamar los intereses?
R. Están en su derecho, pero no puedo decir nada más. Sin embargo, me gustaría que se agruparan y se pusieran del lado de Cataluña para reclamar lo que se nos debe desde el Gobierno central.
P. Aparte de recursos finalistas, ¿bajo qué líneas habría que reconducir la financiación sanitaria?
R. Hace años, la ‘comisión Abril’ puso sobre la mesa conclusiones que nadie se ha atrevido a aplicar. Igual hay que releerlas y ver cómo se actualizan. Para empezar creo que algunas de las partidas deben ser finalistas, como los impuestos sobre el alcohol o el tabaco. Después, hay que decidir qué tiene que entrar en la cartera o no.
P. ¿Más urgencias?
R. Las comunidades intentan mantener la calidad sin recortar en servicios básicos, pero llega un momento en que no hay caja para hacerlo. Y esto es lo que hay que resolver urgentemente. Hay algo que yo siempre denuncio. No puede ser, por ejemplo, que el Estado sea quien ponga el precio de los medicamentos y quien haga decretos-leyes que suponen incrementos de coste a las comunidades, que son las que tienen que pagar. Entre todos debemos buscar la solución de manera urgente y apartando el tema político. Pero están demasiado enfrentados los dos partidos mayoritarios como para llegar a este acuerdo.
Pregunta. El gasto farmacéutico sigue siendo el gran nicho de ahorro. ¿Lo cree usted?
Respuesta. Lo fue con el PSOE y sigue siéndolo con el PP. Pero las cosas que se hacen imponiendo, y no buscando la colaboración de los profesionales, tampoco van a dar resultado.
P. ¿Qué cosas no van bien?
R. Por ejemplo, decir que todos tengan precio mínimo y priorizar el genérico. Si uno de marca vale igual, ¿qué ahorras?
P. ¿Cómo ajustaría el gasto?
R. No solo bajando precios, ni aplicando el más bajo, ni negando el acceso a medicamentos. Debemos educar más a la población o permitir que el médico pueda dedicar más tiempo a cada paciente. Entre todos podemos ahorrar mucho en gasto farmacéutico sin tener que ahogar a ninguna industria.
P. ¿Ha recibido quejas del impacto del copago en la salud?
R. He recibido quejas relacionadas con la dificultad de que se recete algún fármaco, pero no de que el copago impida acceder al medicamento. No quiero decir que no existan. Y que yo no las tenga no quiere decir que esté de acuerdo con el copago.
R. ¿Teme que la reforma del copago sea más recaudatoria?
R. Espero que no, que escuchen a las comunidades. Que los nuevos tramos sean para ayudar a quienes ganan menos y a las familias que tienen a su cargo a personas con problemas, y que la equidad se busque poniendo otros porcentajes.
