Aunque el sector ha reaccionado con la frialdad del que no se da por aludido, lo cierto es que el Gobierno ha movido ficha para poner un remedio definitivo a los retrasos en el pago a proveedores y cumplir así con el plazo de 30 días que impone la normativa comunitaria. Para ello, el pasado 29 de junio se remitió al Congreso el proyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que podría entrar en vigor a finales de octubre si se cumplen los plazos previstos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que prevé la intervención de aquellas comunidades que no cumplan los plazos legales.
Lo que se pretende con esta reforma legal es, en primer lugar, ampliar el foco de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que en su artículo 14 otorga prioridad absoluta al pago de la deuda en los presupuestos de las distintas administraciones, para poder colocar en el mismo nivel de prioridad la deuda con los proveedores. “Esperamos que la medida ayude a generar confianza, a dinamizar la economía y a que entendamos que la sostenibilidad financiera y el equilibrio presupuestario no solo consisten en gastar lo que se tiene, sino en pagar lo que se debe”, señaló Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Transcurridos 15 días desde la entrada en vigor de la medida, que tendrá que pasar por Congreso y Senado, con la posibilidad de que los grupos parlamentarios propongan enmiendas e incluso soliciten debatirla, todas las administraciones públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes estarán obligados a publicar en sus web su periodo medio de pago (PMP) e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior las medidas cuantificadas con las que pretenden cumplir el plazo máximo.
De esta forma, además, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pretende homogeneizar el procedimiento para el reconocimiento de los retrasos en el pago a proveedores, dado que hasta la fecha “cada una lo hace a su manera”, señaló Beteta. “Con la aprobación de la nueva normativa se concretará la confección de una metodología uniforme para la concreción de los PMP que aún no se han diseñado y que estarán listas para finales de año”, añadió.
Asimismo, y para dar consistencia a esta novedad legal, el proyecto recoge una serie de medidas que supondría la intervención económico-presupuestaria de las administraciones morosas. Las medidas, que aparecen desglosadas en la tabla adjunta, van de la prevención a la coerción, y podrían dar lugar a la retirada de las transferencias estatales para satisfacer el pago a proveedores, la necesaria autorización de Hacienda para contratar nuevos créditos e incluso a la pérdida de competencias en el ámbito tributario.
