El ministerio de Sanidad ha reunido a los consejeros de Sanidad para explicarles el modelo de financiación que ha negociado junto al Ministerio de Hacienda. Según la tipología de la comunidad autónoma (adscritas al FLA, inscritos en el Mecanismo de Fiabilidad Financiera y Madrid y País Vasco) se emitirán líneas de financiación a 10 años con tipo de interés 0 por ciento los tres primeros y al interés del Tesoro (1,2 por ciento) los siete siguientes, según ha explicado Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas. Asimismo, esta línea de crédito no computará a efectos de déficit. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha asegurado que estas condiciones “han sido valoradas positivamente por todas las comunidades autónomas presentes”.
A partir de este momento, el ministerio de Hacienda emprenderá reuniones y negociaciones con los distintos consejeros homólogos para avanzar en la financiación. “El dinero no va a ser un problema; las comunidades autónomas compran los medicamentos y Hacienda pagará las facturas para después liquidarlas con las regiones en 10 años”, aseguró Beteta, quien dijo que de aumentar el número de pacientes iniciales habría mayor financiación.
Por su parte, el Plan Nacional contra la Hepatitis C, del que Alonso ha asegurado que tiene el visto bueno de las comunidades, tendrá que ser refrendado en el próximo Consejo Interterritorial, que se celebrará a finales de marzo. “Su aprobación definitiva se producirá la última semana de este mes”, sentenció.
Reacciones de Andalucía
Andalucía garantizará los tratamientos innovadores a las personas con hepatitis C según los criterios clínicos establecidos, “a pesar de que la comunidad autónoma tenga que afrontar en solitario el gasto de estos tratamientos farmacológicos”. Así lo ha resaltado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez, a la salida de la reunión en el Ministerio de Sanidad.
Sánchez ha aclarado que el Ministerio no propone un fondo específico para la financiación de estos fármacos, como se venía demandando desde Andalucía, sino “algunas facilidades financieras que permitirán pago en diferido y no computar en el déficit de las administraciones autonómicas pero que supondrían, en cualquier caso, un compromiso de deuda por parte de la comunidad autónoma”.
