“No somos conscientes de que se haya producido ninguna irregularidad”. De esta forma quiso zanjar el todavía presidente del COF de Madrid, Alberto García Romero, las posibles suspicacias existentes en torno a la constitución por parte de la entidad colegial de la sociedad mercantil ‘Servicios 31’. Es más, señala que esta sociedad, constituida en mayo de 2013, se ejecutó por parte de la junta de gobierno en noviembre de 2013 en base a la legalidad, “en tiempo y forma”, una vez recibido el visto bueno de la consejería de Presidencia, Justica e Interior, y después de que así fuese aprobado por la asamblea del colegio. “Nosotros cumplimos lo que nos ordenó la asamblea, porque ni el presidente ni la junta de gobierno puede negarse a cumplir lo ordenado por la asamblea”, incidió García Romero.
Además de la legalidad de su constitución, refrendada con la aprobación “por amplia mayoría” de la asamblea de unos presupuestos que llevan implícitos los gastos e ingresos de la misma, el presidente colegial defendió la necesidad de crearla, “al igual que existe una en el colegio de Barcelona y como estudian otra serie de colegios grandes”, por lo que considera “razones de tipo económico, jurídico y fiscal”.
Sobre este particular, manifestó que, además, “no tiene coste para el colegio, todo lo contrario”, y explicó que cuando desde el colegio se habla de fiscalidad “no nos referimos a que el colegio sea una sociedad exenta del impuesto de sociedades, sino que con la creación de ‘Servicios 31’ nos beneficiamos fiscalmente, al separar los servicios y repercutir el IVA soportado, algo que el colegio no puede hacer”. Del mismo modo, también justificó su creación por la necesidad de adelantarse a la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales. “El anteproyecto no se dice nada acerca del tipo de servicios, por lo que buscamos seguridad para prestar servicios mercantiles”, dijo.
Respecto a su paso por la presidencia, aseguró que “cada época tiene sus luces y sus sombras”. Así, cree que a él le ha tocado vivir un periodo de crisis económica “que hemos intentado solventar; a otros les tocó en su día otras cosas con el RDL 5/2000 o los descuentos en los EFP. No todo puede imputarse a un presidente”.
