El conflicto que se ha producido en la Comunidad de Madrid entre el Gobierno central y el autonómico con motivo de la implantación del euro por receta, que ha finalizado con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, se ha trasladado al seno de los profesionales sanitarios de esta comunidad autónoma. Así, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Alberto García Romero, se mostró crítico con la actuación de los médicos de muchos centros de salud y hospitales que, según señala, son responsables de muchas de las objeciones a la tasa que se registran en las boticas madrileñas.
En una comunicación interna a sus colegiados a la que tuvo acceso EG, el presidente de los farmacéuticos madrileños indica que la “diferencia notable” entre las objeciones a la tasa previstas por la consejería de Sanidad madrileña y el número real de objetores “viene sobre todo provocada por la huelga en los centros de salud y hospitales” como protesta contra las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno regional. Un hecho que, según él, provoca que “en un número no despreciable de ocasiones dan ‘instrucciones’ a los ciudadanos para que objeten, e incluso insolidariamente están sugiriendo en ocasiones que se denuncie al farmacéutico”.
El malestar entre el colectivo farmacéutico con la situación es evidente, ya que, advierte, en las oficinas de farmacia se están produciendo situaciones “de verdadero colapso” por el gran número de objetores y la carga burocrática que provoca. Una situación que, tal y como alerta García Romero, “en ocasiones llega a afectar a la calidad de un servicio sanitario esencial y del que nos sentimos orgullosos, y aún más incluso, a nuestra dignidad profesional”.
Pero las críticas del colegio madrileño no se quedan solo en los médicos, ya que el presidente madrileño también denuncia “situaciones anómalas y de poca solidaridad y compañerismo” que se han producido en algunas farmacias y que han sido puestas en conocimiento de la consejería de Sanidad. “Son claros reflejos de lo que nos esté sucediendo con una competencia desleal e impropia de nuestro sector”, afirma.
Quejas a la consejería
Igualmente, el presidente de la máxima institución farmacéutica madrileña hace mención al rifirrafe mantenido entre el colegio y la consejería a raíz de las diferencias apreciadas respecto al número de objetores a pagar la tasa. En este sentido, García Romero estimó que desde la consejería que dirige Javier Fernández-Lasquetty se utilizaron “calificativos impropios” contra el colectivo farmacéutico madrileño para defender que el número de objetores era ínfimo, una afirmación que, entiende, únicamente se pudo realizar “desde el desconocimiento”.
Sobre este asunto, vuelve a insistir en el “número insuficiente de formularios de objeción”, algo que se trata de solventar, tanto desde el colegio como desde las propias boticas, mediante fotocopias “que inicialmente están corriendo a cuenta de la farmacia”. Un gasto que, tal y como adelanta García Romero, “una vez se facturen las recetas de objeción, repercutirá a la consejería para compensar los de la farmacia”.
En relación con la tasa del euro por receta, desde el colegio madrileño se precisa que “prácticamente a diario” transmiten a la consejería las dificultades por las que atraviesan las farmacias y se solicita “la aceleración del despliegue de la receta electrónica”. ¿Para qué? Según García Romero, “para aliviar la dificultad burocrática sobreañadida e impedir la ‘fuga’ de recetas a otras comunidades autónomas”, algo que afecta especialmente a las farmacias limítrofes con otras provincias.
Recurso a la tasa
Por otro lado, respecto al recurso interpuesto contra la tasa ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central, desde el colegio se espera que este “paralice lo más ágilmente posible esta tasa e impere el sentido común”. Sobre este particular, García Romero incide en que siempre se opusieron a esta medida que entienden recaudatoria. “Incluso llegamos a pedir su paralización antes de su entrada en vigor”, resalta el comunicado.
