Alberto Cornejo Madrid | jueves, 11 de junio de 2015 h |

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha dado marcha atrás en su intención de dispensar directamente desde centros de salud ciertos medicamentos inyectables para tratar el cáncer de próstata, los cuales continuarán siendo retirados, como hasta ahora, en las oficinas de farmacia. Así se lo ha comunicado el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Ramón Ares, a representantes de los colegios farmacéuticos gallegos que participaban este jueves 11 de junio en una reunión técnica sobre receta electrónica.

Cabe recordar que, como así venía denunciando la farmacia gallega, existían muchas dudas sobre la legalidad de este programa de dispensación directa en Atención Primaria ya que los medicamentos oncológicos afectados (Risperdal, Zoladex, Decapeptyl, Eligard y Procrin, en sus diferentes presentaciones) no tenían la catalogación de Diagnóstico Hospitalario —como así reconoció el propio Ares en una entrevista concedida a EG— y, por tanto, su dispensación debe recaer en exclusiva en el canal farmacia. Incluso, la ley otorga en exclusiva al Ministerio de Sanidad, no a una comunidad autónoma, la potestad para cambiar las condiciones de dispensación de un medicamento para todo el territorio nacional.

Este programa pretendía abarcar a cerca de 9.000 pacientes, según estimaciones del porpio Ares, los cuales, en adelante, debían retirar su medicación en los centros de salud regionales. Incluso, ya con una primera fase experimental definida que tendría lugar durante los próximos seis meses en diversas gerencias sanitarias de la provincia de Orense (Orense capital, Verín y O Barco). Como así ha contado EG, desde que el COF de Orense tuvo constancia de la iniciativa, además de mostrar públicamente su oposición a la misma, venía solicitando constantes reuniones con la Consejería de Sanidad. Todas ellas sin repuesta alguna hasta el encuentro ‘informal’ mantenido este 11 de junio.

Aunque no han trascendido las razones para esta marcha atrás, es posible que haya sido esa más que presunta ilegalidad de la medida la que ha propiciado el cambio de decisión. En este sentido, se llegó a sopesar la futura elaboración por el Sergas de un informe que justificaría esa “mayor accesibilidad, control y seguridad” que tendrían estos medicamentos con su dispensación en centros de salud, del cual nada más se ha vuelto a saber.