Donde dije digo, digo Diego. Según ha podido saber EG, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) sigue adelante con su programa piloto de dispensación directa en diversos centros de salud de Orense de ciertos medicamentos inyectables para tratar el cáncer de próstata en detrimento de las oficinas de farmacia. Una decisión no exenta de alevosía, dado que el 11 de junio, ante el revuelo causado, el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Ramón Ares, comunicó a los colegios farmacéuticos la marcha atrás de la medida.
Cabe destacar que si el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Orense denunció haberse enterado de la existencia de esta prueba piloto en su provincia “por la prensa” —la comunicación oficial llegó con la prueba ya en marcha—, ahora se han enterado de que la misma nunca ha llegado a retirarse “debido a las llamadas recibidas en el colegio por diversos pacientes quejándose de que tienen que seguir yendo a por sus tratamientos al centro de salud”, confirma a EG el presidente colegial, Vicente Álvarez.
Tras una llamada de Álvarez, el propio Ares confirmó el mantenimiento del pilotaje tal cual estaba diseñado. Es decir, en los centros de salud de atención primaria de las gerencias de Orense (capital), O Barco y Verín, y durante un periodo de seis meses, tal como indicó Ares en una reciente entrevista concedida a EG. Ahora bien, el responsable del Sergas habría indicado a Álvarez que la iniciativa no se extendería “más allá de esta prueba piloto”, de lo cual duda el presidente colegial en el caso de que los resultados del pilotaje se ajusten a lo perseguido por el Sergas.
Aunque desde el Sergas se venía justificando esta decisión en la “mayor accesibilidad, seguridad y control” que tendrían estos medicamentos, no cabe duda que la dispensación directa en centros de salud de fármacos como Zoladex, Decapeptyl y Procrin no tiene solo consecuencias sanitarias. A este respecto, fuese un fin perseguido o no, es evidente que también habría consecuencias económicas de por medio. Según un análisis realizado por EG con datos facilitados por IMS Health, una hipotética extensión de este programa haría perder a las boticas gallegas cerca de 862.000 euros anuales por las más de 19.000 dispensaciones que, tomando como referencia las estadísticas de 2014, efectúan al año de estos productos.
Esta medida tenía visos de ilegalidad, dado que los fármacos afectados no están considerados de Diagnóstico Hospitalario y, por tanto, su dispensación debería recaer en exclusiva en la botica. Ahora bien, en las últimas semanas se han conocido dos sentencias del Tribunal Supremo que validan la dispensación de “cualquier fármaco” desde AP cuando el paciente que lo reciba requiera “especial control o supervisión”. Por ello, siempre que se estimase que los pacientes oncológicos entran en dichos supuestos, el Sergas tendría así el amparo legal.
