Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Desde que se aprobó la Ley de Dependencia se ha hablado mucho de este nuevo ámbito asistencial, que representa un ejemplo paradigmático de la diferencia que existe en la vida entre los deseos y la realidad, como ya glosara Luis Cernuda con maestría inigualable. Pues bien, dejando de lado la altura poética, el debate sobre la dependencia ha tenido dos ámbitos, el de los derechos y el de las prestaciones. En el primer caso no ha habido problema alguno. Todos sabemos que la creación del Sistema de Dependencia supone la construcción de un cuarto pilar para el ahora maltrecho estado del Bienestar, lo que acarrea de primeras un nuevo derecho de asistencia sociosanitaria cuando más falta nos hace: en la vejez. Pero al hablar de las prestaciones el cielo diáfano de los derechos universales se nubla y empiezan a hacer su aparición nubarrones, relámpagos, rayos y truenos de diversa condición. Empezamos a tener encima fenómenos adversos como déficit, crisis económica, techo de gasto, aumento de la población envejecida, desempleo…
Es cierto que la tormenta es fuerte, y que las nubes negras parecen comprometer el futuro de un sistema que, de funcionar, supondría para la sociedad un avance solamente comparable a la puesta en marcha del Sistema Nacional de Salud, también ahora en entredicho. Sin embargo, planteado con inteligencia, la dependencia es una gran oportunidad, por no decir un gran negocio, como bien saben las principales compañías de sanidad privada de este país. Sin embargo, para muchos gobiernos autónomos sigue siendo un engorro y una fiesta que ellos no quieren pagar, haciendo gala de una actitud cortoplacista y miope.
Bien planteada, la asistencia a la dependencia tiene todos los elementos para convertirse en un motor de crecimiento. Tiene una amplísima base de unos cuatro millones de potenciales usuarios, en muchos casos con suficientes fondos propios para afrontar copagos, eso sí, ajustados a la renta, así como las perspectivas de crecimiento suficientes para atraer otro de los componentes clave de cualquier recuperación económica: la innovación. Tampoco se pueden olvidar los terrenos comunes a explorar junto con la sanidad, en la línea de lo que ya está haciendo el País Vasco, ya que ambos ámbitos tienen mucho camino por recorrer de forma conjunta.
Al mismo tiempo, y si logramos que la mayoría de las personas estén atendidas por profesionales, conseguiríamos un doble efecto: se crearían varios miles de puestos de trabajo y se liberaría a muchos familiares cuidadores, en su inmensa mayoría mujeres, que podrían dedicarse plenamente a las actividades productivas que realizaban cuando les sobrevino el problema.
Mientras, pese a todas estas posibilidades abiertas, el cumplimiento de la Ley de Dependencia sigue siendo muy deficiente. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, únicamente el 34 por ciento de las personas dependientes que tienen reconocida su situación reciben la prestación correspondiente, que en muchos casos es sólo una ayuda económica. Pero es que hay incluso comunidades como Canarias, la Comunidad Valenciana o Galicia donde solamente la mitad de estas personas oficialmente dependientes están recibiendo alguna ayuda, algo inaceptable tanto para nosotros como para nuestros mayores. Y es que, sencillamente, no se lo merecen.
