No disminuye el gasto farmacéutico y no produce ahorro. No favorece el libre mercado. Perjudica a municipios y habitantes de zonas rurales. Pone en riesgo la calidad de la prestación. Crea un tercer copago encubierto para los ciudadanos. Estas son las cinco claves que esgrime FEFE para oponerse a la corriente desreguladora del modelo farmacéutico propugnada por el Ministerio de Economía.
Cinco afirmaciones, “basadas en datos y no en mitos”, que se extraen del informe elaborado por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Francesco Sandulli. Un informe que, según el presidente de FEFE, Fernando Redondo, demuestra que “mantener la reserva de acceso a la propiedad es una garantía para el ciudadano”, además de impedir el cierre de 2.000 boticas y la pérdida de 5.000 puestos de trabajo.
El informe precisa que la liberalización no disminuye el gasto farmacéutico por habitante ni el precio del medicamento. “De hecho, países que cuentan con modelos libres de propiedad tienen gastos farmacéuticos por habitante muy elevados”, dice. Además, como indicó Sandulli, “puede quebrar la equidad del sistema, ya que los medicamentos en las zonas rurales serán más caros que en las urbanas, como pasa en Islandia”.
De igual modo, se resalta el riesgo de una integración vertical que conllevaría que la propiedad pasase “a manos de pocos agentes, como en Reino Unido, donde el 85 por ciento de las farmacias pertenecen a unas pocas cadenas de distribución”. ¿Qué efectos tendría? “Romper el principio de equidad para los habitantes de zonas rurales, ya que provoca el estancamiento y la disminución del número de oficinas y produce situaciones de monopolio local”.
Igualmente, el informe ‘destruye’ el mito de que la liberalización no pone en riesgo la calidad de la prestación, ya que “la prioridad sanitaria pasa a un segundo plano y se prima la comercial”, es decir, se busca aumentar la rentabilidad disminuyendo el número de trabajadores y aumentando las horas de trabajo. De hecho, en Reino Unido se ha comprobado que la acción comercial es dos veces mayor que la acción sanitaria. Esto afecta a la calidad y los ciudadanos se sienten peor atendidos”, indican desde la patronal.
Asimismo, precisa que la liberalización supone un tercer copago encubierto para los ciudadanos. “Produce mayores costes de acceso al servicio de farmacia, al obligar a los ciudadanos a desplazarse a unas farmacias que están a una mayor distancia, imponiéndoles de esta forma un nuevo copago”, dice. ¿Ejemplos? “Quien resida en un municipio pequeño deberá pagar entre 19 y cien euros más para acceder a sus medicamentos”, manifestó Sandulli, que estimó que el coste total para los ciudadanos oscilará entre los 157 millones de euros en el mejor de los casos y 817 en el peor.
Para él, “más allá de los deseos de responsables políticos, el estudio manifiesta que hay numerosas dudas sobre el impacto económico real que pudiera tener el cambio de régimen de propiedad”, y lanza un aviso: “El cambio en la estructura de propiedad lleva aparejado un cambio en la naturaleza del servicio farmacéutico, y pasará de ser un servicio sanitario a convertirse en un servicio comercial”.
