La patronal estatal de oficinas de farmacia, FEFE, desmontó la semana pasada las tesis esgrimidas por el Ministerio de Sanidad en el borrador de anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales para apoyar la futura liberalización del sector. Así, la empresarial que preside Fernando Redondo puso de manifiesto que en las intenciones liberalizadoras no existen beneficios económicos para las arcas del Estado ni que se trata de una exigencia proveniente de Bruselas, ya que sería “contrario” a las directivas europeas y a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. “Lo único que haría es beneficiar los intereses de nuevas líneas de negocio, no primar los intereses sanitarios”, precisó la vicepresidenta de FEFE, Isabel Vallejo.
A este respecto, desde la patronal se señaló que “el servicio farmacéutico español no está en venta”, al tiempo que recordaron que de seguirse los pasos de la liberalización propuesta por Economía “se pondrá en peligro el acceso de los pacientes a los medicamentos en condiciones de equidad y accesibilidad”. Y es que, tal y como precisó Redondo, “la liberalización no beneficiaría a nadie, ya que perjudica a los farmacéuticos, las administraciones públicas y, sobre todo, a los usuarios”.
De otro modo, desde FEFE se incidió en la incongruencia que supondría liberalizar el sector farmacéutico español, en el que existen precios y márgenes regulados por el Gobierno. “No sabemos si también quieren desregular esos aspectos”, se preguntó Redondo, al tiempo que indicó que con el cambio de modelo pretendido por Economía se recorrería un camino que llevaría “a una concentración de establecimientos en núcleos rentables y a la desaparición de farmacias con poco interés mercantil, donde la densidad de población no es elevada”.
Sobre este particular, lo que tienen claro en la patronal es que la liberalización conllevaría, además de una serie de consecuencias, como la puesta en riesgo de un sector económicamente muy importante, un deterioro del servicio farmacéutico. “Tenemos el mejor modelo farmacéutico del mundo y la entrada de grandes operadoras en el mercado farmacéutico supondría que se antepusiesen intereses de mercado a la protección de la salud”, indicó Redondo.
A este respecto, Vallejo cuestionó que el anteproyecto de ley de Servicios Profesionales incluyese a la farmacia. “No somos un servicio profesional sino un servicio público que operamos con una autorización administrativa”, manifestó.
Con todos estos argumentos sobre la mesa, desde FEFE se confía en que “reconsidere su intención y no se dañe de forma irreparable el servicio farmacéutico”. Al mismo tiempo, valoraron positivamente el apoyo recibido por el Ministerio de Sanidad a favor del modelo y recordaron que “tanto el gobierno actual como el anterior siempre mostraron su apoyo al modelo farmacéutico”.
Apoyo de la distribución
Los farmacéuticos recibieron el apoyo de otro de los agentes de la cadena del medicamento, la distribución. Así, desde la patronal, Fedifar, indicaron que desvincular propiedad y titularidad “deterioraría un servicio considerado por los usuarios de muy buena calidad”, al tiempo que “no aportaría nada” a los objetivos de reducción del déficit público y el impulso del crecimiento económico.
La intención del Ministerio de Economía de liberalizar el modelo de farmacia respalda una de las “reivindicaciones históricas” de la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (Plafarma), que cree que con esta decisión “se eliminarían los privilegios medievales de los que vienen gozando los actuales propietarios de las farmacias, a las que solo se puede acceder por herencia o el pago de traspasos millonarios”. Eso sí, precisan que no se conforman con la supresión del binomio titularidad-propiedad, “sino que se deben de eliminar los ratios poblacionales y distancia entre farmacias, así como cualquier tipo de baremo para el acceso, para evitar la alta litigiosidad en los concursos y sentencias judiciales que obligan al cierre de farmacias”.
Para Plafarma, la liberalización del sector tendría al usuario como principal beneficiario, “debido al aumento de la competencia”, al tiempo que señalan que “generaría multitud de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos”. Por ello, desde la plataforma se ofrecen a participar “en un debate serio sobre otras opciones que lleven al libre acceso a las farmacias como establecer una ley de mínimos o farmacias concertadas, “siempre que la dirección técnica sea por parte de un farmacéutico”.
