Está claro que el Gobierno se siente cómodo con el nuevo discurso de la recuperación. Tanto es así, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, se permitió el lujo, durante la Cumbre de la Innovación organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de hablar de la necesidad de promover un nuevo modelo de crecimiento, el cual debería estar basado, según sus propias palabras, “en el conocimiento y la ciencia”. Una transformación para la que las asociaciones de empresarios, entre las que se encuentra Farmaindustria, tienen sus propias propuestas, que ya han sido trasladadas a las autoridades y que consisten, principalmente, en crear las condiciones para generar un ecosistema de innovación.
De Guindos comenzó su discurso recordando la necesidad de acometer reformas y ajustes con el fin de lograr la ansiada estabilidad presupuestaria, unos ajustes que han impactado con contundencia en los presupuestos públicos para el fomento de la I+D+i, que han mermado la capacidad de algunos centros públicos para proseguir con su actividad y que ha provocado el éxodo de un buen puñado de ‘cerebros’, que han optado por salir del país en busca de un mejor reconocimiento para su labor. Para De Guindos, “la situación actual es totalmente distinta”. Incluso se aventuró a afirmar que España “ya está en disposición de abordar una nueva etapa para la I+D+i”, una vez ahuyentados los fantasmas de una intervención de las autoridades comunitarias, que para muchos ha tenido lugar pese a los continuos desmentidos de los responsables del Gobierno.
Controversias a parte, el responsable de Economía anunció que, esta vez sí, el Gobierno quiere poner en marcha un plan que sirva para construir los pilares del nuevo modelo económico, uno de los cuales debería ser la innovación. Para ello, reconoció que el Ejecutivo ha solicitado a la Comisión Europea la realización de un análisis de debilidades y fortalezas con el fin de disponer de un diagnóstico adecuado sobre el que construir el futuro. “Esperamos tener ese informe en verano. Será vital para reorientar nuestra economía y nuestra política de I+D+i”, señaló.
En todo caso, lo que tiene claro el ministro es que, una vez visto éxito de los fondos comunitarios en la construcción de infraestructuras, cabría poner un ojo sobre los 4.000 millones de euros a los que podría tener acceso España en los próximos años para el impulso de las actividades de I+D+i, y que podrían suponer un soplo de aire fresco para el sector público y para el privado.
La visión del sector privado
Junto a De Guindos también emergieron las figuras del Príncipe de Asturias y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, que coincidieron al reclamar un cambio de mentalidad profundo para acometer dicha transformación. Y, por supuesto, los representantes del sector privado, que transmitieron a las autoridades algunas de las reivindicaciones que deberían guiar ese cambio de modelo.
Aquí emergió con fuerza la figura del sector farmacéutico, que estuvo representado por la presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, que inauguró el acto y moderó una de las mesas en calidad de presidenta de la Comisión de I+D+i de la CEOE, y el presidente de Lilly en España, Javier Ellena, que participó en uno de los debates sobre la conveniencia o no de hacer la I+D+i en España, desde el punto de vista de las multinacionales.
Por su parte, Sanz señaló que, tras la merma “la innovación ha de encontrarse en el eje de las políticas del Gobierno y debe ser una prioridad compartida por la sociedad y el mundo empresarial que opera en España”. Pese a ello, reconoció el retroceso que ha sufrido el país en este ámbito como consecuencia de la crisis, con una reducción significativa de los presupuestos públicos y privados a la I+D+i, y no dudó en llamar a los segundos a aumentar sus esfuerzos.
De todos modos, Ellena recordó que, además de los esfuerzos que pueda hacer el sector privado (recordó en este punto que la compañía que dirige invirtió en I+D el 23 por ciento de sus ventas el último año), es clave disponer de un marco político que sirva de palanca para la innovación. “El marco político puede sumar o restar a la hora de decidir dónde inviertes tu dinero como compañía. Ayuda ver que el Gobierno quieren poner en el centro la I+D, pero también hace falta una política de estado que proteja a la innovación de los cambios políticos”, advirtió.
Pese a todo, el presidente de Lilly en España recordó que la filial ha salido reforzada en estos momentos difíciles. Y no ha sido precisamente por las condiciones con las que el laboratorio ha encontrado en España para comercializar sus medicamentos. La decisión de convertir el centro de Alcobendas en una referencia para la compañía a nivel mundial tiene que ver con el alto nivel que, pese a los recortes, han demostrado nuestros investigadores en el área de la biomedicina. “Afortunadamente, los científicos españoles son altamente valorados a nivel internacional y eso fue clave para convencer a la central de que España era un buen lugar para invertir”, concluyó.
La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español emitió recientemente un informe recomendando al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la revisión del sistema de deducciones por I+D, ya que, a juicio de los expertos que la conforman, “tienen un coste fiscal que no está justificado por su nivel de eficiencia”. Sin embargo, Cristóbal Montoro, salió posteriormente a la palestra para confirmar que en la reforma fiscal del Gobierno no había lugar para la retirada de las citadas deducciones.
En su informe, la CEOE va incluso más allá y pide la actuación de las autoridades para optimizar este instrumento, que además, a juicio de la patronal española de empresas, es vital para que las pequeñas y medianas empresas puedan adoptar un modelo de negocio que de cabida a la innovación. A este respecto, solicitan la estabilidad y la uniformidad del sistema de apoyo fiscal a la I+D+i para garantizar la inversión privada y atraer al capital extranjero; mejorar los incentivos mediante la simplificación y aceleración de los trámites; aumentar la deducción por innovación tecnológica; recuperar el nivel del 30 por ciento; bonificar parte de los costes sociales del personal investigador; y desarrollar lo establecido en la Ley de Apoyo Emprendedores y la de Mecenazgo.
