Blindar el gasto sanitario en época de crisis y permitir que el sector sea un motor del crecimiento económico o anteponer la reforma constitucional de 2011 que estableció el principio de estabilidad presupuestaria. En la difícil dicotomía en la que se mueve el SNS, y agravada por la creciente brecha competencial y las recomendaciones de la Comisión Europea, siguen pesando más los objetivos de déficit. La semana pasada, Bruselas consideró que las medidas incluidas por España en su Plan Presupuestario 2014 son insuficientes para cumplir con los objetivos de déficit y recomendó tomar nuevas medidas, entre otros sectores en Sanidad. El Congreso dio alas a futuros recortes al votar en contra de una proposición no de ley socialista para instaurar un suelo de gasto social.
El Grupo Socialista proponía como solución a los ajustes en Sanidad (9.300 millones recortados, según la diputada María Luis Carcedo), Educación y Servicios Sociales instar al Gobierno a establecer un suelo social para estos gastos, que se concretaría en una Carta de Derechos, Prestaciones y Servicios Sociales básicos con la definición de mínimos para todo el territorio en un Pacto de Estado del Bienestar con las comunidades autónomas y plenas garantías de tales derechos básicos para todos los españoles.
El problema de la proposición de cara a obtener el apoyo de los restantes grupos de la oposición era doble. Por un lado, intentaba compatilizar un mínimo de gasto social con la prioridad de sufragar la deuda, algo que no es posible, en opinión de la Izquierda Plural. Por otro lado, no tenía en cuenta que la propuesta era, para las formaciones nacionalistas, un ataque a las competencias autonómicas en materia social.
Finalmente, ni CiU ni el PNV votaron a favor del texto, como tampoco lo hizo el PP, que acusó a los socialistas de intentar comprometer, “de nuevo”, gastos antes de estudiar su financiación.
¿Más reformas?
Solo queda por ver cómo se concreta la decisión adoptada la semana pasada por la Cámara Baja con las recomendaciones elevadas desde Bruselas. En la evaluación del Plan Presupuestario 2014 enviado en octubre por el Gobierno español no solo pesa el proyecto de presupuestos del año que viene, sino también el hecho de que para 2015 y 2016 España aún no ha anunciado qué medidas tomará para cumplir con los objetivos de déficit.
Es más, el programa enviado por el Ejecutivo se limitaba a confirmar para 2014 la misma agenda y el calendario reformista que ya se incluyeron en el Programa Nacional de Reformas para 2013. La Comisión ve en estas reformas una clave para el éxito del programa de partenariado económico en España. Por eso recuerda que, en la mayoría de los casos las reformas del Gobierno español “aún están por adoptar, total o parcialmente”. En el terreno sanitario, Bruselas insta a España mejorar la eficiencia del gasto sanitario actualizando los precios de referencia; introduciendo una plataforma de compras centralizadas; desarrollando una nueva tarjeta sanitaria y revisando la cesta de servicios sanitarios.
Las primeras previsiones ya están sobre la mesa. Aunque en este mismo Plan Presupuestario 2014 el Gobierno aseguraba no tener previsto adoptar nuevos ajustes en el ámbito del medicamento, más allá de la orden de precios de referencia, la consultora IMS da por seguro en un análisis de futuro (ver sección de Industria de este mismo número) que España tendrá que ahondar en la reforma sanitaria para cumplir con los objetivos marcados desde Bruselas. La consultora ve posible, entre otras cosas, que a corto plazo se pueda hablar de una nueva desfinanciación de medicamentos, así como de unos nuevos tramos de copago que supongan, además de una distribución más equitativa de la población, un aumento de la contribución.
