En 2008, un informe que hacía inventario sobre las políticas de precios y reembolsos en los países miembro de la OCDE concluyó que los estados debían tratar de pagar por los medicamentos en relación con el “valor” que aportan al sistema de salud y a la sociedad. Desde entonces, los cambios ocurridos en los tres países cuyos precios farmacéuticos son casi siempre los más referenciados (Reino Unido, Francia y Alemania) han permitido que el “valor” influya en las decisiones de fijación de precios en muchos países, ya sea de manera directa o indirecta. Un gran número de países de la OCDE ya utilizan algún tipo de fijación de Precios Basada en el Valor (PBV), en muchos de ellos ligado a la aplicación de la evaluación económica como una de las herramientas clave en el proceso. Pero no existe aún una definición ampliamente aceptada de este ‘valor’, ni un consenso sobre cómo aplicarlo. Tampoco todos los países han avanzado lo mismo, aunque la apuesta esté sobre el papel.
¿España podría enmarcarse en este grupo? Los expertos en Economía de la Salud llevan años demandando una apuesta clara por la cultura de la evaluación. La ausencia de resultados satisfactorios les he llevado a cuestionar en varias ocasiones la fortaleza de la apuesta oficial. El último en hacerlo fue el economista Juan Oliva, en las últimas jornadas de la Asociación de Economía de la Salud, en las que habló sobre la “quimera o los primeros pasos” de los PBV. “Quitando a ‘cuatro colgados’, ¿se considera seriamente en un escenario a corto plazo?, se preguntaba.
España cuenta con los necesarios elementos para el optimismo: la modificación del artículo 89 de la Ley de Garantías introdujo el “valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad” como uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de incluir medicamentos en la financiación del SNS. También existe una aproximación a nivel práctico en la Comisión Interministerial de Precios que relaciona el beneficio clínico incremental con el PBV.
Lo que cuentan al final, sin embargo, es cómo se traslada la teoría a la práctica. Averiguarlo ha sido el objetivo de otro estudio de la OCDE, Value in Pharmaceutical Pricing, cuyas conclusiones también se presentaron en las jornadas de la AES. El trabajo describe las diferencias existentes en las políticas de precios y reembolso en 14 países, tras un examen de las decisiones adoptadas en torno a 12 productos que entraron en el mercado entre 2005 y 2011.
Los resultados constatan, por ejemplo, que España no está entre los países que utilizan la evaluación económica de una manera sistemática en su toma de decisiones. Pero destaca también que de los 14 estados analizados, solo siete lo hagan: Australia, Bélgica, Canadá, Corea, Países Bajos, Noruega y Suecia.
Esta línea divisoria marca las diferencias, ya que, en los países que no utilizan la evaluación económica, la consideración de los costes está casi exclusivamente limitada al precio del medicamento. Es, como confirma la OCDE, el caso de España en los 12 fármacos que fueron objeto de estudio, ya que los autores señalan además que el principal criterio que se tiene en cuenta en España es el impacto presupuestario. En cambio, los países que sí utilizan la evaluación económica tienen en cuenta un abanico mucho más amplio de costes y ahorros a la hora de tomar una decisión.
Obviamente, el coste de las nuevas tecnologías es un importante componente del PBV. Pero también el valor añadido que ofrecen. Según la OCDE, los pagadores están, en principio, dispuestos a pagar un sobreprecio o a permitir costos incrementales para un producto innovador. “Sin embargo, establecer un vínculo claro entre el nivel de la capacidad de innovación y el precio parece imposible”, resalta el estudio.
España, por lo tanto, está muy lejos de situarse en la línea del minoritario grupo de países, como Dinamarca, Corea, Noruega o Suecia, que sí han optado por una perspectiva social para evaluar las tecnologías de la salud. De hecho, la información recabada por los autores del estudio (ver tabla) indica que las propias compañías tampoco disponen de directrices oficiales, a diferencia de otros estados, que establecen claramente los diversos enfoques que el proveedor puede presentar por separado.
El informe constata otras diferencias. Dado que la efectividad relativa y el valor terapéutico añadido de un medicamento también dependen de con qué se compare su intervención, la elección del comparador adecuado es un elemento crucial de toda evaluación. Muchos países ofrecen guías claras para realizar la selección del comparador, que no tiene porqué ser siempre un medicamento. En España, las directrices no son todavía tan exhaustivas como las de estos países y se refieren exclusivamente a las “alternativas terapéuticas existentes”.
España no está entre los países que utilizan la evaluación económica de manera sistemática
Los países que utilizan la evaluación económica tienen en cuenta un abanico más amplio de costes y ahorros
Treinta y cuatro
Pocos países emplean la perspectiva social en la evaluación económica. Corea acepta, a menudo, tanto este enfoque como el del pagador público. Entre 2005 y 2008, dos tercios de las 51 solicitudes recibidas (34) adoptaron la perspectiva social.
Tres
La gran mayoría de países de la OCDE analizados en el estudio llevaron a cabo en los últimos años acuerdos específicos para determinados productos farmacéuticos. Los autores solo constataron la existencia de “tres notables excepciones”: las de Dinamarca, Noruega y España.
Ciento veinte
En Japón, los innovadores obtienen sobreprecios sobre sus competidores según reglas establecidas. Los fármacos que más innovan reciben un precio entre un 70 y un 120 por ciento más alto. Los que menos, entre un 35 y un 60 por ciento.
