Finalmente no habrá multa por no haber tomado medidas para corregir el déficit excesivo, pero sí un nuevo plan de ajuste para España y Portugal. La Comisión Europea ha puesto fin a los temores de una sanción que podría haber ascendido a los 2.000 millones de euros, pero a cambio obliga al futuro gobierno a aprobar nuevos recortes en el gasto público, para empezar en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
En el caso de España, la Comisión propone que ponga fin a la actual situación de déficit excesivo de aquí a 2018. La nueva senda pasará por reducir el déficit público al 4,6 por ciento del PIB este año; al 3,1 en 2017 y al 2,2 en 2018. Para ello, el Gobierno español deberá adoptar e implementar medidas por valor del 0,5 por ciento del PIB, tanto en 2017 como en 2018. La Comisión ha propuesto la fecha límite de 15 de octubre 2016 para recibir información sobre las primeras medidas adoptadas, que tendrán que reflejarse en los presupuestos del año próximo.
Aún se desconoce si a estos términos habrá que sumar la congelación de Fondos Estructurales. A diferencia de la multa, no hay una fecha límite jurídicamente vinculante para tomar esta decisión. Bruselas ha invitado al Parlamento Europeo a mantener un diálogo estructurado antes de presentar una propuesta al respecto.
La Comisión ha justificado su decisión de no estrenar con España y Portugal la multa como proceso de sanción como reconocimiento a los esfuerzos realizados en los últimos años, así como por los compromisos adquiridos en los últimos meses, precisamente para impedir que la multa tuviera lugar: entre ellos se sitúan, entre otros, la nueva condicionalidad del Fondo de Liquidez Autonómico, ahora vinculado a los protocolos de sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario; un acuerdo de no disponibilidad de crédito o el adelanto a julio del cierre del ejercicio presupuestario 2016, que fue publicado en el BOE el pasado 16 de julio.
