La satisfacción con la que la ministra de Sanidad, Ana Mato, relató días atrás el ahorro conseguido en Farmacia por un valor de 802 millones de euros en los últimos cuatro meses me ha llevado a que más allá de las cifras quiera recalcar el valor del profesional de la oficina de farmacia en esta medida implantada desde el 1 de julio y considerada como una norma de equidad incluida en el Real Decreto-Ley 16/2012. Porque se trata de un sistema en el que aporta más el que más tiene a la vez que salvaguarda a los que menos tienen, como los parados de larga duración, que por primera vez quedan exentos de pagar por las medicinas.
Hacienda somos todos pero no conozco tanta rapidez en los mecanismos recaudatorios del Estado como la que se ha podido poner en marcha a través de la oficina de farmacia. Y, en ese sentido, quiero poner de relieve que eso ha sido posible gracias al perfecto ordenamiento del sector a través de los Colegios Profesionales y su Consejo General y, cómo no, a la inestimable aportación de la distribución que hace del modelo español el que la ciudadanía tenga acceso a los medicamentos.
Porque quiero hacer notar también que se trata de algo más que un suministro, pues actúa de tal manera que sin la actual distribución farmacéutica de gama completa no existiría el modelo de farmacia que nos hemos dado. Permítanme recordar que la distribución realiza entre dos y cuatro entregas al día a 21.427 farmacias de España. Este hecho, unido a la capilaridad de las oficinas de farmacia que indica que el 87 por ciento de la población tiene una botica a menos de 250 metros de su domicilio, hacen de este servicio sanitario la aportación de salud de más equidad territorial y geográfica.
Está claro que, como dijo Victoria Camps, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, “la Farmacia debe tomar el cuidado del paciente como un valor esencial en la atención farmacéutica”. Porque ese “cuidado” farmacéutico matizado en inglés perfectamente por el Pharmaceutical Care viene a indicarnos la interiorización de los valores del profesional de la farmacia que “inciden en el concepto de responsabilidad”. Con todo, quiero volver a los ahorros públicos. Está claro que el copago ha surtido el efecto deseado para los intereses de todos los ciudadanos. Sin embargo, a raíz de esta importante noticia, legitimada en razones objetivas no conviene pasar por alto otra dimensión de gran calado. Me refiero al enorme esfuerzo realizado por el conjunto de los farmacéuticos de oficina de farmacia que han llevado el peso de las medidas con lo que han contribuido a la sostenibilidad del sistema. El farmacéutico ha actuado en el copago aplicando los recursos técnicos necesarios, triplicando su actividad en acciones de atención farmacéutica, de comunicación y actuando de “recaudador operativo” según los niveles de renta de los ciudadanos.
El profesional de la oficina de farmacia al actuar en esa línea en favor del Estado, ha aportado toda su credibilidad, con el consiguiente desgaste de esa dimensión economicista sin menoscabo de su sacrosanta función de dar asistencia farmacéutica especializada a “su parroquia”. El farmacéutico también ha sido solidario a la hora de entregarse para que el efecto disuasorio del consumo por el copago no afectara a la ya tradicional estadísticamente pérdida de la adherencia a los tratamientos de muchos pacientes que están afectos de enfermedades que cursan “silenciosamente”.
No hay ningún otro sector profesional en la historia de nuestra convivencia civil y sanitaria que más haya contribuido a un ahorro del que nos beneficiamos todos los españoles. Todo ha caído sobre ellos. Porque los farmacéuticos con su inversión privada nos dan cada día todas las horas del año, un servicio público ordenado y solidario. Seguro.
