Ya sabemos con nitidez que la patronal de la industria farmacéutica innovadora radicada en nuestro país, Farmaindustria, apoya la desfinanciación de medicamentos para síntomas menores para que, de esta forma, los pacientes puedan acceder a las innovaciones terapéuticas dirigidas a patologías importantes. Tanto el presidente de la patronal, Jordi Ramentol, como el tenaz, preciso y meticuloso en sus verbalizaciones, el director general, Humberto Arnés, han manifestado con rigor que esta medida supondrá importantes sacrificios y esfuerzos a las compañías farmacéuticas.
Tengo que decir que no me cabe la menor duda de que lo que señalan los máximos responsables de Farmaindustria sea lo que vaya a ocurrir, pero también sé que esta cuestión tiene efecto un efecto dominó muy importante sobre la oficina de farmacia. Y es que, hay muchos medicamentos que tienen una rotación importante que se caen de la receta oficial para inscribirse en ese destino impreciso, ambiguo y a veces costoso de la prescripción facultativa.
Sobre esta cuestión se puede decir que el ahorro de 2.200 millones de euros con las últimas medidas de política farmacéutica está bien como objetivo, pero también se debe precisar que al farmacéutico a lo mejor no le preocupan ni los tratamientos para la dermatitis del pañal con bajas dosis de miconazol ni tampoco los antidiarreicos o los laxantes osmóticos. Lo que les ha preocupado a ellos y a ciertos laboratorios son los piracetam, mucolíticos, las lágrimas artificiales o los triglicéridos omega-3. Y es que, conviene tener claro que la decisión adoptada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud llevará a cabo una revisión del nomenclátor que supondrá la desfinanciación de 426 fármacos.
Es obvio que como comentaba con precisión el director general de Farmaindustria en cierta ocasión, eso podría permitir que la moralidad implícita de curar a los pacientes con los últimos avances terapéuticos fuera posible. Y, por eso, se podrá afrontar el pago de terapéuticas curativas de patologías serias.
Sin embargo, las reacciones han sido de todo tipo y condición. En Extremadura su consejero de Sanidad, Luis Alfonso Hernández, asegura que España tiene el gasto farmacéutico más alto de Europa; y que también esta comunidad autónoma es la que tiene el gasto más alto de España. Y quieren corregirlo con la receta y la prescripción electrónica implantada en la región desde 2009.
Los presidentes de los colegios oficiales de farmacéuticos de Cáceres y Badajoz, Pedro Claros y Cecilio Venegas, respectivamente, ya han pedido ayuda y comprensión a los usuarios con la puesta en marcha de estas medidas gubernamentales.
Entre las reacciones más curiosas se cuentan la que indica la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) que preside Marichu Rodríguez, que matizó que la desfinanciación de medicamentos puede dañar a los pacientes si no se cuenta de forma activa con los farmacéuticos comunitarios. Y por otra parte resulta una reflexión muy interesante la que hace la patronal estatal de oficinas de farmacia, FEFE, al recalcar que no se puede equiparar desfinanciación con baja utilidad terapéutica.
Finalmente, se debe destacar que en la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre se ahorrarán 36 millones de euros anuales con el nuevo régimen de dispensación de medicamentos. El asunto acaba de empezar y el corolario de consecuencias tendremos que anotarlo en el próximo catálogo profesional de nuestras vidas. Seguro.
