Si ya son numerosos los affaires (tres años de retraso en su publicación, constantes desencuentros de la mesa negociadora, paso por los tribunales, etc.) que rodean al XXIV convenio colectivo de oficinas de farmacia, el pasado 5 de octubre se añadió uno más. En dicha fecha, el Ministerio de Empleo, a través de su Dirección General, publicó una resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que deja sin efecto la resolución del 12 de agosto con la que se daba validez al acuerdo que habían alcanzado patronales y sindicatos de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2013 la ultraactividad del XXIII convenio colectivo mientras que ambas partes negociaban el nuevo texto. Ello supone, por tanto, que la ultraactividad del XXIII convenio colectivo queda, por el momento, en suspenso.
Llama la atención que la nueva resolución del Ministerio de Empleo con la que se deja sin efecto este acuerdo responde a una petición… De la propia mesa negociadora del convenio. El origen de esta resolución radica en un escrito presentado días antes (el 18 de septiembre) por Felipe de Donesteve, asesor jurídico de la patronal FEFE, quien precisamente presentó —en representación de toda la mesa negociadora— ante este ministerio el acta de la reunión en la que se acordaba la prórroga del texto para que este organismo dotase de ‘oficialidad’ al acuerdo. En su escrito, De Donesteve hace saber que “algunos miembros de la mesa negociadora consideran y han manifestado que las habilitaciones para solicitar la inscripción del acuerdo que él (De Donesteve) consideró suficientes no lo eran, por lo que se ha producido un exceso de poder o facultades”. En consecuencia, el asesor jurídico de FEFE solicita que “se deje sin efecto” la resolución que daba validez a la prórroga de la ultraactividad del XXIII convenio “al carecer de facultades para solicitar dicha inscripción”.
En la nueva resolución publicada en el BOE, el Ministerio de Empleo da la razón a este escrito y considera “cierto” que las partes que suscribieron el acuerdo “no manifestaron expresamente su intención de que éste se presentara para su tramitación administrativa, es decir, con el objeto de ser registrado y publicado en el BOE”. De la misma manera, “queda constatado que quien inició estos trámites no contaba con la habilitación necesaria”, reza la nueva resolución.
Cabe recordar que no es el primer lío en torno a la ultraactividad del XXIII convenio colectivo. El pasado 8 de julio, según los criterios de la nueva reforma laboral, expiraba la ultraactividad del citado texto, aunque el bando sindical no reconocía tal expiración. Sin embargo, en una reunión de la mesa negociadora celebrada el 24 de julio, se acordó prorrogar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013 mientras se negociaba el convenio sucesor (XXIV). Incluso, en la última reunión celebrada entre las partes (11 de septiembre) la patronal FEFE pidió una nueva prórroga de esta ultraactividad hasta abril de 2014, a lo cual se negaron los sindicatos. Ahora, la nueva resolución del BOE deja sin efecto, al menos momentáneamente, su validez.
Cabe recordar que la mesa negociadora celebrará una nueva reunión este 9 de octubre para avanzar en la elaboración del XXIV convenio. Si ya eran bastantes los puntos ‘conflictivos’ que se pondrían sobre la mesa en este encuentro, ahora la nueva resolución del BOE será uno más.
