Las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) tendrán que esperar hasta conocer si sortean el primer obstáculo jurídico. Según ha podido saber EG, publicación editada por Wecare-u, la decisión sobre la suspensión cautelar establecida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía “se están tramitando ya que tienen que alegar todos los licitadores”. Esta acción, totalmente voluntaria, tiene un plazo máximo de cinco días y con posterioridad a este hecho sería cuando el TARC andaluz se pondría a trabajar.
Cabe recordar que la última batalla legal librada por las ATEs se eternizó en el seno del tribunal administrativo, algo tildado como “insólito” por juristas especializados en contratación pública.
De hecho, según la Ley de Contratos Públicos, este tipo de contiendas jurídicas tiene un tiempo máximo de 40 días a partir del último recurso recibido. Pero el hecho de haber emitido ya un dictamen sobre la misma cuestión debería acelerar el proceso. Asimismo, si el tribunal no llegara a pronunciarse a lo largo de julio, podría demorar el proceso en exceso, ya que la actividad del tribunal en agosto es muy limitada.
Tranquilidad en la Junta
Desde Andalucía se defiende que el programa de selección de alternativas terapéuticas para algunos grupos de enfermedades en hospitales andaluces “es una medida basada en la evidencia científica disponible y el consenso profesional, enmarcada en la Ley de Farmacia de Andalucía”, por lo que junto al nuevo redactado de pliego a instancias del TARC será la base de su alegación. En este sentido, esperan que “el tribunal se pronuncie favorablemente como ya lo hizo anteriormente”.
Las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) tendrán que esperar hasta conocer si sortean el primer obstáculo jurídico. Según ha podido saber EL GLOBAL, la decisión sobre la suspensión cautelar establecida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía “se están tramitando ya que tienen que alegar todos los licitadores”. Esta acción, totalmente volunta0ria, tiene un plazo máximo de cinco días y con posterioridad a este hecho sería cuando el TARC andaluz se pondría a trabajar.
Cabe recordar que la última batalla legal librada por las ATEs se eternizó en el seno del tribunal administrativo, algo tildado como “insólito” por juristas especializados en contratación pública.
De hecho, según la Ley de Contratos Públicos, este tipo de contiendas jurídicas tiene un tiempo máximo de 40 días a partir del último recurso recibido. Pero el hecho de haber emitido ya un dictamen sobre la misma cuestión debería acelerar el proceso. Asimismo, si el tribunal no llegara a pronunciarse a lo largo de julio, podría demorar el proceso en exceso, ya que la actividad del tribunal en agosto es muy limitada.
Tranquilidad en la Junta
Desde Andalucía se defiende que el programa de selección de alternativas terapéuticas para algunos grupos de enfermedades en hospitales andaluces “es una medida basada en la evidencia científica disponible y el consenso profesional, enmarcada en la Ley de Farmacia de Andalucía”, por lo que junto al nuevo redactado de pliego a instancias del TARC será la base de su alegación. En este sentido, esperan que “el tribunal se pronuncie favorablemente como ya lo hizo anteriormente”.
