La industria y los pacientes vuelven a recelar de una iniciativa de la Junta de Andalucía. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) publicó una resolución mediante la cual se da soporte a la creación de una Comisión Central para la Optimización y Armonización Farmacoterapéutica (Ccoaft) que centralizará el cometido de las actuales Comisiones Multidisciplinares de Uso Racional de Medicamentos (Cmurm). Este cambio de modelo, que ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas, suscita dudas entre estos colectivos por una supuesta priorización de los criterios económicos frente a los clínicos a la hora de la prescripción. “El SAS establecerá un complejo entramado de comisiones, comités clínicos y técnicos o subcomisiones, que restringirá las facultades de prescripción de los médicos y dificultará, una vez más, el acceso de los pacientes a los medicamentos más innovadores”, alertan desde Farmaindustria, que ya ha avisado de que llevará la resolución ante el tribunal de lo Contencioso-Administrativo.
Una de las funciones que tendrá la comisión, formada por 24 vocales técnicos, será realizar los procesos de evaluación y selección de medicamentos de alto impacto económico e incluir en las guías farmacoterapéuticas sus conclusiones. “Es una competencia ministerial, además de que prácticamente eliminaría la posibilidad de prescribir medicamentos que no estén en esas guías, aunque sí estén incluidos en la prestación pública”, dicen desde la patronal.
Además de la citada labor, la Ccoaft tiene asignadas 15 funciones más. Entre ellas destaca la de “establecer la metodología, criterios y procedimientos comunes de evaluación y selección de medicamentos” que tendrán que ser acatados por las actuales comisiones multidisciplinares e incluidos en las guías farmacoterapéuticas. Asimismo, tendrá que actuar como observatorio en la utilización de medicamentos para asegurar la eficiencia en la prescripción. “Esta resolución también conculcaría otros preceptos legales, como el carácter vinculante de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPTs) de la Agencia del Medicamento o la legislación sobre medicamentos no sustituibles”, afirma Farmaindustria.
Todas estas funciones suponen, según la industria y asociaciones de pacientes, una nueva barrera en el acceso a medicamentos innovadores ya que, entienden, se trata de una ramificación política que entorpecerá la labor de los clínicos. Sin embargo, desde el SAS aseguran que no se está intentando burocratizar nada. “Se está dando a voz a los profesionales, que son los que conformarán esta comisión. Son médicos especialistas todos y precisamente el objetivo es ‘desburocratizar’ y alcanzar mayor grado de especialización en las decisiones que se tomen”.
Esta explicación ha sido puesta en duda por la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiples de Andalucía, quienes creen que esta comisión estará formada por gestores y no por especialistas. “La comisión está compuesta por directores asistenciales, de unidades de gestión clínicas… que son, en definitiva, cargos administrativos del SAS”, aseguran desde la federación.
Además, sostienen que la creación de esta comisión no tiene soporte legal en la Ley de Farmacia de Andalucía, hecho reconocido por la consejería de Salud. “Es cierto que no lo recoge porque no entra en esos detalles pero sí dice que tenemos competencia para desarrollar los instrumentos necesarios para hacer cumplir la ley y la creación de una comisión es uno de ellos”, contesta el servicio de salud.
La Alianza General de Pacientes (AGP) ha querido remarcar que en las comisiones farmacológicas deben estar presentes los pacientes. “Debemos estar representados en estos comités”, aseguró el presidente de la alianza, Alejandro Toledo. Asimismo, exhortó a que el trabajo de estas comisiones esté liderado por clínicos. “Se debe siempre preservar el acceso a los tratamientos y no deben primar los criterios económicos”, explicó. Por su parte, tanto la Sociedad Andaluza de Oncología como la de Neurología observan que esta nueva comisión aunará criterios entre hospitales resolviendo una “situación actual no asumible”, si bien creen que la “estructura es compleja y puede retrasar decisiones”.
