En el ámbito deportivo los entrenadores llevan por bandera una máxima a la hora de configurar sus equipos: no tocar aquello que ha funcionado. Las administraciones también podrían hacer uso de esta premisa cuando regulan sobre el sector farmacéutico. Al menos, así lo pide el ‘equipo’ que forma la cadena del medicamento.
El anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales sería una medida más a sumar al listado de normativas que en los últimos años están propiciando continuos cambios, y no precisamente favorables, en las reglas del juego de la cadena del medicamento. Unos cambios que para el sector “no están justificados” por la mostrada eficiencia del modelo farmacéutico nacional.
Por ello, representantes de la Farmacia y la distribución denuncian la actual tendencia a “reformar por reformar”. Así lo puso de manifiesto Antonio Abril, presidente de la patronal nacional de distribuidores farmacéuticos (Fedifar), el acto inaugural del VIII Foro Aproafa celebrado en Valladolid, al cuestionar si “¿tiene sentido reformar por reformar, y sin diálogo previo, en un modelo útil y eficiente?”. En la propia pregunta se encuentra la respuesta.
Abril puso otros ejemplos que van más allá de la apertura de la propiedad de boticas que plantea el anteproyecto de Ley de servicios Profesionales. “Iniciativas como las subastas o el decreto valenciano solo contribuyen a crear hostilidad en el sector”, recordó, para solicitar posteriormente “la unión” de todos los agentes como respuesta a dicha incertidumbre.
Abril estuvo acompañado en el acto inaugural por Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, quien señaló para desmontar la mejora de la competitividad con la que Economía argumenta la apertura de la propiedad a capital privado que “no se puede estropear aquello que funciona, y menos aún que la crisis sea la excusa para ello”. Así, se preguntó que si el modelo es útil y eficiente, “¿para qué cambiarlo?”.
Apuntalar, no desestabilizar
Del mismo modo, recordó que “la oficina de farmacia es el brazo estratégico del Sistema Nacional de Salud”. Por tanto, según dijo, los cambios normativos que afecten a estos establecimientos deberían encaminarse a asegurar su sostenibilidad “y no a desestabilizar”.
La amenaza jurídica no es el único riesgo con el que conviven las boticas nacionales, ya que tampoco se pueden obviar sus amenazas financieras y demográficas. Respecto a la primera de ellas, los impagos que sufren muchas farmacias contribuyen a agrandar el problema. En este sentido, Peña volvió a insistir en la importancia de cobrar en tiempo y forma. “Las boticas no pueden esperar a cobrar más allá de tres meses; la máscara de oxígeno que ofrecen los bancos no va más allá de este periodo”, manifestó.
Respecto a las amenazas demográficas, como, por ejemplo, la despoblación que sufre el ámbito rural, Peña animó a las “revisiones continuas” de las leyes de ordenación farmacéutica regionales, con el objetivo de disponer de mapas farmacéuticos actualizados y acordes a la realidad demográfica.
