Si gana las próximas elecciones generales, el PSOE promoverá una nueva normativa que permita la recuperación de la cobertura universal del derecho a la atención sanitaria y la protección de la salud en un sistema sanitario de carácter público, derogando el Real Decreto Ley 16/2102. Sus propuestas para una sanidad pública, universal y eficiente fueron presentadas durante la Conferencia Política celebrada entre el 8 y el 10 de noviembre. El cambio normativo anunciado definiría la cobertura universal “como un derecho ciudadano no sujeto a ningún tipo de seguro, aportación o cualquier otra circunstancia discriminatoria”. Asimismo, suprimiría el copago farmacéutico para pensionistas y crónicos al mismo tiempo que las carteras suplementaria y de servicios accesorios creadas por el Gobierno de Rajoy en el Real Decreto 16/2012 y sujetas a copago.
Esta única cartera común debe actualizarse e incorporar las innovaciones, según los socialistas, siguiendo el principio de financiación selectiva basados en criterios de evidencia científica, equidad y de coste-efectividad. Para ello, la Conferencia Política puso de manifiesto la necesidad de crear “un Instituto de Calidad y Excelencia Clínica, similar al NICE británico, que ha de trabajar en red con las agencias y unidades de evaluación de tecnologías sanitarias de las CCAA”.
Más allá, el SNS tiene, para el PSOE, una “insuficiente financiación”, que se ve “agravada” por los efectos de la crisis económica y las políticas de recorte del gasto público desarrolladas por el Gobierno del PP. Por ello, en el contexto de la reforma fiscal que promueven los socialistas, “la sanidad pública tendrá la necesaria suficiencia financiera”. Ello requiere, según el programa aprobado en la Conferencia Política, “conseguir un incremento de recursos” que tenga su origen en un sistema de financiación que garantice la naturaleza equitativa de las aportaciones de los ciudadanos.
El objetivo del PSOE es invertir en sanidad pública un 7 por ciento del PIB en el horizonte de dos legislaturas. “Los presupuestos destinados a la sanidad han de tener una afectación finalista y se debe garantizar que, tanto los ingresos potenciales, como los ahorros que se generen por una mejor gestión de los recursos sanitarios, han de destinarse exclusivamente y en su totalidad a financiar la sanidad pública”, señala el documento. Igualmente, el PSOE apuesta por reformas para mejorar los instrumentos de cohesión e incrementar la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria.
La derogación del 16/2012 no es el único cambio normativo por el que apuestan los socialistas. Además, han anunciado la adopción de una “Ley de buen gobierno y gestión del SNS” que avance en mayor autonomía de gestión, en el fomento de la gestión clínica, en la introducción de órganos colegiados de gobierno a todos los niveles ante los que deban responder los gestores, en la obligatoriedad de la transparencia, en la regulación de los conflictos de interés o en la definición de mecanismos eficaces contra el fraude y la corrupción, entre otros asuntos. Asimismo, desarrollarán la Ley General de Salud Pública de 2011 y harán obligatoria la presentación de un informe anual ante las Cortes Generales sobre el impacto en salud de las actuaciones públicas y, cada dos años, una evaluación del impacto de la crisis en la salud de los ciudadanos para elaborar las medidas de corrección necesarias.
