“Creo que habrá recortes”. Con esta frase resume el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, parte de la interpelación que lanzó la semana pasada a la ministra de Sanidad, Ana Mato, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno parar recuperar el liderazgo en materia sanitaria, para evaluar el Real Decreto-ley 16/2012 y para corregir sus efectos negativos sobre la salud, la equidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
La sombra de los recortes sanitarios ha vuelto a aparecer ante el nuevo plan de reformas anunciado por el presidente del Gobierno que preside Mariano Rajoy para el 26 de abril, en respuesta a las exigencias de la Comisión Europea y la propuesta del secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP y consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, de abrir el debate sobre el copago sanitario, a la luz de los resultados.
La rectificación del propio Echániz, que horas después aseguraba que la sociedad española “no está madura” para debatir sobre el copago asistencial, no ha despejado las dudas para el grupo socialista. Martínez Olmos intentó desvelar esta cuestión y preguntó dos veces a la ministra. Las dos veces quedó sin respuesta.
Efectos del 16/2012
Las posibilidades de que el Gobierno ahonde en su reforma sanitaria con más recortes preocupa al PSOE, que sigue insistiendo en las consecuencias que ya está provocando el Real Decreto-ley 16/2012. Las ramificaciones de la reforma son muchas, pero el mayor punto de fricción está situado en el efecto de las medidas relativas a la participación del usuario en la prestación farmacéutica.
En una respuesta parlamentaria al diputado socialista José Blanco fechada el 1 de abril, el Gobierno reconoce que 50 medicamentos han subido de precio una media del 45 por ciento desde que en septiembre entró en vigor la desfinanciación pública de 417 fármacos para síntomas menores. En algunos casos, la subida es mayor: la cloperastina, por ejemplo, un fármaco para la tos, pasó de costar 1,73 euros a cinco, un incremento del 189 por ciento; Romilar, otro antitusivo, subió un cien por cien; aciclovir, medicamento contra los herpes, dobló su precio: de siete a 14 euros; al igual que la acetilcisteina, un mucolítico de síntomas menores pero que se usa también para la fibrosis pulmonar, que ahora cuesta 4,53 euros.
La desfinanciación ha sido fuertemente criticada por la oposición por sus posibles efectos sobre la economía de los pacientes, muchos de los cuales ya se han visto afectados por el copago. Martínez Olmos acudió al Congreso con un dossier remitido por profesionales farmacéuticos, de la medicina y de la enfermería con casos “concretos y reales” de personas que, según él, “han dejado de adquirir su medicación por razones económicas, ya que el copago les suponía un problema”.
Sin embargo, Mato insistió la semana pasada, tanto en el Congreso como en el Senado, en que nadie está dejando de medicarse por razones económicas. Haciendo caso omiso de las denuncias públicas realizadas por sociedades científicas, médicos o farmacéuticos, Sanidad resalta que ni las comunidades autónomas ni los colegios oficiales de farmacéuticos han hecho llegar ninguna denuncia formal.
El PSOE completa su radiografía de los impactos de la reforma con su desigual implementación en las comunidades autónomas y con el “fracaso” que, según Martínez Olmos, supone en términos de sostenibilidad. Frente a la herencia de los 16.000 millones, el diputado socialista emplazó a la ministra a explicar a quién atribuye la responsabilidad de la deuda de cerca de 9.000 millones de euros que se ha generado en el primer año de su mandato. Asimismo, negó que los planes de pago hayan acabado con la deuda. “Lo que tienen las comunidades autónomas con los apoyos que les han dado, con el FLA y con el pago a proveedores, es una deuda con los bancos. Por tanto, la deuda de las comunidades autónomas sigue existiendo”, aseguró.
La ministra, reticente a evaluar los efectos del 16/2012, aseguró que esa cantidad “no responde a cifras oficiales”, y ratifica que la reforma sí está actuando para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.
