El debate sobre la reforma sanitaria puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se halla enquistado, a pesar de que el rechazo frontal que estas medidas acumulan alcanzó la semana en Madrid su punto álgido. La oposición de profesionales, ciudadanos y los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados sigue resultando estéril. En la misma semana en la que se inició la huelga indefinida de los médicos de la sanidad madrileña, el pleno de la Cámara Baja rechazó, con los votos de la mayoría absoluta del PP, una proposición de ley de universalización de la asistencia sanitaria; y lo mismo hizo en Comisión con una proposición no de ley (PNL) para eximir del copago a los pacientes afectados por enfermedades raras; y con otra para recortar 600 millones de euros en gasto militar en lugar de hacerlo en Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
De todas ellas, la que más probabilidades tenía de salir adelante era la relacionada con los pacientes de enfermedades raras. La proposición, presentada por el Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad, venía avalada por las alertas lanzadas desde la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), relativas al “coste inasumible y desorbitado” que, según sus datos, supone el copago por renta. Se estima que el 30 por ciento de media del coste anual de estos medicamentos no estén cubiertos por la Seguridad Social, un porcentaje que superan ampliamente patologías como la enfermedad de X-Frágil, que llega al 80 por ciento, o la Epidérmolisis Bullosa, en donde el porcentaje de medicamentos no cubiertos alcanza el 64 por ciento.
Pero estos datos solo reflejan la realidad antes de la reforma sanitaria. El RDL 16/2012 establece un nuevo procedimiento y un nuevo sistema de aportaciones en el ámbito de la prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, prestación con productos dietéticos y en el transporte no urgente realizado bajo prescripción facultativa y por razones clínicas. Precisamente, la PNL presentada en la Comisión de Sanidad hacía extensible la exención del copago a los afectados también en estas áreas.
El acuerdo habría sido posible si el PSOE hubiera aceptado la propuesta del Grupo Popular, partidario de estudiar las exenciones de forma pormenorizada y “caso por caso”, dado que no todas las patologías catalogadas como enfermedades raras tienen, a su juicio, la misma connotación para quienes la padecen.
El PSOE, fuera del pacto
Lo relevante de esta propuesta, sin embargo, al igual que ocurrió con la proposición de ley de universalización de la asistencia sanitaria que se debatió en el pleno es la unanimidad que aglutina en los grupos de oposición. Todos, sin excepción, dieron también su apoyo, si bien por distintos motivos, a esta iniciativa defendida por la ex ministra Trinidad Jiménez, y que tenía como segundo gran objetivo reunificar la cartera de servicios del SNS. Recabó 144 votos a favor, 176 en contra y tres abstenciones.
El rechazo popular a revocar el sistema de aseguramiento aprobado en el RDL 16/2012 supone, en la práctica, que el estudio del Pacto sanitario en el que trabaja la Subcomisión de Sanidad continuará sin la presencia del PSOE, cuya única condición previa para reingresar era la universalización del sistema sanitario.
Al tiempo que el debate sobre la reforma sanitaria se encalla, las posturas entre Gobierno y PSOE se alejan, tal y como quedó patente en el rifirrafe de acusaciones en el que derivó la interpelación que el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Martínez Olmos, mantuvo con la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Buena parte de la interpelación de Martínez Olmos tuvo como eje la política farmacéutica, centrada en el euro por receta y en la respuesta que Mato había dado momentos antes al diputado socialista Francisco Puig, trasladando al Parlamento valenciano el asunto de la situación creada por los impagos a las farmacias. Según la ministra, su departamento “ha adoptado y adoptará todas las medidas necesarias para garantizar las mismas prestaciones farmacéuticas para todos”, en referencia al copago farmacéutico por renta y a los sistemas orquestados para el pago a proveedores.
Martínez Olmos acusó a la ministra de “desoír” los problemas de desabastecimiento en la Comunidad Valenciana, y reprochó la pasividad del ministerio en relación a las diferencias y problemas de acceso que se están generando en política farmacéutica. Para ello, recordó, por ejemplo, la denuncia formulada por la Alianza General de Pacientes (AGP) en relación a que los recortes bloquean el acceso a tratamientos innovadores.
La respuesta de Mato elevó el tono del debate, centrado en la necesidad de “afrontar unas medidas adecuadas para sacar a la sanidad en la situación de crisis” en la que, según el Gobierno, lo dejó el PSOE. “Ustedes bloquearon durante ocho años la puesta en marcha de la Ley de Cohesión y Calidad; ustedes desconocieron los mandatos de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias; ustedes cambiaron una y mil veces la política farmacéutica desestabilizando a tan importante sector; ustedes miraron para otro lado cuando Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura tomaban decisiones de todo tipo, rompiendo la cohesión del sistema y dinamitando la igualdad de trato de los ciudadanos”, dijo Mato.
No todo fueron rechazos en el Congreso. La Comisión de Sanidad aprobó, entre otras, dos proposiciones no de ley del PP: una para homogeneizar el Consejo Genético en Cáncer y mejorar la coordinación autonómica y otra para impulsar medidas de ahorro energético por valor de 180 millones de euros en los centros del SNS. Además, se aprobó otra del PSOE que insta al Gobierno a completar la tramitación del proyecto de real decreto que regula la prescripción enfermera.
El alejamiento entre el Gobierno y el PSOE se mide también a través de otro indicador: la relación con la Consejería de Salud de Andalucía. Su titular, María Jesús Montero, no se limitó a ser el convidado de piedra de un debate que ha convertido a la comunidad andaluza en arma arrojadiza de los populares y el Gobierno para desmontar las críticas del PSOE.
Tanto la ministra de Sanidad, Ana Mato, como el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Manuel Cervera, echaron mano de ‘el caso andaluz’ como defensa ante las acusaciones de privatización. “Andalucía ha hecho de la colaboración público privada un ejemplo para España. Concierta la prestación de servicios sanitarios con 18 hospitales privados. El 80 por ciento de las resonancias magnéticas que se realizan en esa comunidad se hacen con proveedores sanitarios privados. ¿Es eso intrínsecamente malo? ¿Esa es la privatización que está poniendo en riesgo el SNS? ¿O es que eso solo es malo para la sanidad pública cuando son otras comunidades autónomas las que aplican la legislación, por cierto vigente, sobre colaboración con el sector privado?”, preguntaba la ministra de Sanidad.
Según el portavoz sanitario socialista, José Martínez Olmos, el presupuesto de sanidad de Andalucía dedicado a los conciertos es del 3,5 por ciento, el más bajo de España. La consejería andaluza apuntó que el hecho de que la ministra lo desconozca “supondría que la responsable de la sanidad miente indiscriminadamente solo para justificar la privatización de Madrid”.