El mismo día que la Cámara Baja del Congreso de los Diputados aprobaba la reforma ‘anti-subastas’ de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, Andalucía contraatacó dando inicio a la tercera convocatoria pública para la selección de principios activos con la firma del gerente de la resolución. La consejera de Salud, María Jesús Montero, afirmó que la reforma no acaba con su proyecto estrella en política farmacéutica. El Grupo Popular se negó a decir que la reforma supondrá el fin de las subastas, aunque consideró que la reforma deja claro que la competencia es del Ministerio de Sanidad.
La respuesta a la pregunta de si la reforma pone o no punto final a las licitaciones andaluzas es clave para el sector farmacéutico, pero Manuel Cervera, portavoz de Sanidad del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso, no dio una respuesta clara, principalmente porque la ley todavía tiene por delante trámite parlamentario.
Sin embargo, consideró que la reforma “afianza el papel del Ministerio de Sanidad como garante legal de la ordenación farmacéutica” en materia de autorización y precios de los medicamentos. Y es que, según él, “la normativa queda despejada y clara y las comunidades autónomas, en virtud de sus competencias, podrán seguir trabajando en una gestión eficiente y en políticas de uso racional del medicamento, pero sabiendo las competencias claras del ministerio”.
La redacción actual, según el Grupo Popular, evitará el derroche de recursos que finalizan en el Tribunal Constitucional, y que podrían verse agravados si finalmente la tercera subasta andaluza sigue adelante a pesar de la ley. A esta convocatoria concurrirán 288 principios activos de 148 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes y que se encuentran en el mercado con 5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas. La consejería prevé un ahorro anual de 234 millones de euros, que sumada a las dos anteriores, alcanzarían los 327 millones.
Dudas con las ATE
Pero no solo las subastas de medicamentos arrojan dudas razonables sobre el efecto ‘real’ de la reforma de la Ley de Garantías en su redactado actual. Cervera apeló al carácter “técnico” de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para explicar por qué su grupo parlamentario no ha optado por dar su visto bueno a una legislación específica en materia de alternativas equivalentes terapéuticas, como sí ha hecho en cambio en materia de biosimilares.
“Creemos que es la Aemps quien debe avalar y quien debe definir qué es y cuando deben ser utilizados como tal los equivalentes terapéuticos, porque es una organización técnica que decide desde un punto de vista técnico y eso ofrece garantías para los pacientes”, aseguró.
Tal vez la redacción de las enmiendas sobre estos asuntos sea objeto de nuevos cambios a su paso por el Senado. Sobre 104 enmiendas que se presentaron a la modificación en el Congreso, un 40 por ciento se han incorporado, transaccionado o han sido retiradas, lo que para el grupo popular es una muestra de su voluntad de negociar y consensuar el texto.
