El Ministerio de Sanidad aprobó 20 nuevos principios activos en 2012 y lleva 18 en lo que va de año. Pero las quejas de profesionales, organizaciones y pacientes indican que, en España, el problema de las innovaciones farmacológicas no está en quien aprueba y autoriza estos medicamentos, es decir, el ministerio; sino en quien los paga, es decir, las comunidades autónomas. Asfixiadas por los objetivos de déficit, las regiones y los partidos de la oposición esperan que el Gobierno central mueva ficha y ofrezca una solución en términos económicos. El PP asegura que el Ejecutivo no puede liberar recursos para este fin y que la financiación habrá que buscarla “en otro sitio”.
La postura del portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Rubén Moreno, es clara: “Si se necesitan más recursos, tienen que salir de otro sitio”, no de las arcas del Estado. Así se manifestó durante una de las mesas redondas de la jornada ‘Modelos de Innovación en Europa: Un nuevo horizonte sanitario para España’ en la que, junto a él, participaron sus homólogos del PSOE y CiU, José Martínez Olmos y Concepciò Tarruella, y el vocal del PNV en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, Joseba Agirretxea.
La financiación de las innovaciones será, de hecho, uno de los asuntos que se tratarán en el Congreso esta semana, durante el debate de una Proposición no de Ley del grupo catalán. En ella, CiU se apoya en la idea de que las innovaciones no son un gasto, sino que forman parte de la “medicina preventiva”, y en la convicción de que el modelo de financiación supone una barrera de acceso a las mismas. Por ello, solicita una línea de crédito estatal para los nuevos medicamentos, y deja abierta a la negociación una cuestión fundamental: la de qué parte tendrían que pagar las comunidades y qué parte abonaría el Estado.
Parte de esta propuesta se apoya en el modelo que el PSOE promueve para financiar la innovación, al menos la incremental. Además de creer imprescindible “seguir ahondando en el ahorro de medicamentos sin protección de patente”, Martínez Olmos ve posible cambiar el modelo de financiación, de manera que prevea tanto las hipótesis de lo que va a costar el uso de un nuevo medicamento como lo que ese nuevo fármaco va a ahorrar al sustituir a otros antiguos. Según el modelo promovido por el portavoz socialista, “a las comunidades les tocaría aportar lo que deja de usarse”.
Por su parte, Tarruella solicita “sensibilidad” de cara al debate de esta semana, aunque la postura de base manifestada por el portavoz del grupo popular parece descartar un entendimiento con el grupo mayoritario.
Acuerdo en el CISNS
Moreno comparte la tesis de que “sacar” de la financiación aquellos medicamentos “menos útiles” podría ser una vía útil para financiar las innovaciones, pero incide en que son las comunidades las que aplican los tratamientos, y por tanto son ellas las que deben limar las diferencias en el Consejo Interterritorial. Asimismo, hizo un llamamiento a las regiones para que lleguen a un acuerdo de “criterios comunes” que permitan aclarar las pautas de tratamiento.
Esta divergencia de posiciones hace difícil que los grupos del Parlamento puedan llegar al Pacto por la Innovación que el PSOE sigue ofreciendo al Ministerio de Sanidad para acabar con los problemas de acceso a los nuevos medicamentos que hoy se detectan, bien cuando corresponde al ministerio dar precio y financiación; o bien cuando, una vez autorizados, llega el momento de usarlos en los servicios sanitarios.
