El Parlamento catalán ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) el “levantamiento inmediato” de la suspensión de euro por receta y que desde el 16 de enero está anulada de forma cautelar tras el recurso presentado por el Gobierno central.
El escrito, firmado por el letrado de la cámara catalana, argumenta que su suspensión, en el actual contexto de crisis, compromete los compromisos financieros de Cataluña y de España y “no parece el mejor mensaje que lanzar a los mercados y a las instituciones europeas”. Asimismo, recuerda que la estabilidad presupuestaria es un imperativo constitucional tras la reforma del artículo 135, y como que la tasa anulada estaba diseñada para cumplir con los objetivos de déficit, entiende que la suspensión produce “perjuicios irreparables de imposible o difícil reparación” para las arcas de la Generalitat.
Más allá de defender la supuesta legalidad de la tasa, el escrito del Gobierno catalán subraya que la suspensión cautelar de cinco meses prevista en el proceso es lesiva para los intereses de todo el Estado y, además, “elimina los efectos de racionalización” en la petición de medicamentos. La argumentación firmada por el Parlamento –la Mesa de la cámara catalana aprobó el día 17 de enero personarse en el proceso como parte afectada– cita a lo largo de sus 13 páginas en diferentes ocasiones jurisprudencia constitucional para defender sus tesis, con apartados específicos para las tasas judiciales y el euro por receta.
