El Tribunal Supremo de los EE.UU. ha declarado que la ley de reforma sanitaria del Presidente Barak Obama es constitucional, aunque no será la última palabra sobre la reforma en EE.UU.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que la ley de reforma sanitaria del presidente, Barack Obama, era constitucional. Sin embargo, el sí de los jueces a la Affordable Care Act (también conocida como Obamacare) no será la última palabra sobre la reforma. Así, días después de la sentencia de tribunal sobre la controvertida provisión de Obamacare, que obliga a los ciudadanos a comprar un seguro médico o pagar una multa, el debate sobre la ley se ha intensificado.
El Obamacare tiene dos objetivos. Por un lado, aumentar el acceso a cobertura sanitaria a millones de norteamericanos actualmente sin un seguro médico. Por otro, controlar los costes de los cuidados sanitarios que han crecido descontroladamente en los últimos años. El polémico ‘mandato individual’ es la piedra angular de Obamacare. Sin embargo, la validación de la ley por el tribunal no garantiza su supervivencia, ya que la mitad de los norteamericanos no están de acuerdo con la decisión y el Partido Republicano ha prometido derogarla si su candidato, Mitt Romney, gana las elecciones presidenciales en noviembre.
El ‘mandato individual’, clave
Obama ha intentando ampliar el acceso y al mismo tiempo preservar el sector del seguro médico privado. La ley introduce fuertes restricciones sobre las aseguradoras. Según la ley, estas empresas no podrán negar una póliza a nadie, incluyendo a personas con un historial médico complicado o con una enfermedad preexistente en el momento de pedir la póliza. Otra regulación establece un límite al coste de las primas que las aseguradoras pueden cobrar a los asegurados más enfermos o mayores en comparación con los asegurados más jóvenes y sanos. Estas regulaciones reducen la rentabilidad de estas compañías, ya que están obligadas a cubrir personas con una alta utilización de recursos sanitarios y cobrarles primas artificialmente bajas.
Las aseguradoras han aceptado estas condiciones porque millones de norteamericanos que actualmente no tienen un seguro médico se verán obligados a adquirirlo creando una nueva fuente de ingresos. Esencialmente millones de nuevos asegurados, mayoritariamente jóvenes y sanos, pagarán primas artificialmente altas subvencionando a otros que antes no tenían acceso a un seguro. Si el Tribunal Supremo hubiera declarado esta provisión anticonstitucional, el principal mecanismo de financiación de la expansión de cobertura médica se hubiera venido abajo.
El tribunal ha dado la razón a los demandantes que argumentaban que el Congreso no tiene el poder de obligar a los ciudadanos a comprar un producto o servicio. La ley prevé una multa por incumplimiento cuyo importe que puede alcanzar hasta el 2,5 por ciento de los ingresos del infractor. Pero el presidente del tribunal, John Roberts, ha salvado la ley con una interpretación inesperada de la multa como un “impuesto” a los ciudadanos que optan por no comprar un seguro. El Congreso tiene el poder de establecer impuestos y, por tanto, la ley es válida.
Alternativas republicanas
La reforma sanitaria ha cobrado nuevo protagonismo en la campaña electoral para presidente. Romney ha prometido derogar la ley y reemplazarla con medidas distintas si él sale elegido. Y es que, los republicanos cuestionan la efectividad de las soluciones centralizadoras y argumentan que se puede lograr un mayor acceso a cobertura y una bajada de los costes si se fomenta la competencia dentro del sistema.
Sobre este particular, sus propuestas incluyen una liberalización del mercado del seguro medico. Actualmente, el seguro médico privado solo se puede comprar de la limitada oferta de las empresas aseguradoras autorizadas en el estado donde uno reside. Por ejemplo, un residente de Florida no puede comprar un seguro médico más económico disponible en Texas. Los republicanos proponen eliminar esta barrera y así lograr abaratar el seguro médico privado.
También proponen una completa adaptación del programa público de Medicare, que cubre más de 47 millones de jubilados y discapacitados. Actualmente, el gobierno financia los costes médicos generados por los que están cubiertos por este programa pagando directamente a los proveedores, normalmente privados, según los precios establecidos.
La idea, llamada Premium Support, establecería una cantidad media a entregar anualmente a los pensionistas. Ellos contratarían directamente un seguro médico privado. Así los participantes podrían elegir el seguro médico que más les convenga. Si sus gastos médicos fueron inferiores al importe recibido del gobierno se quedarían con el sobrante. Así tendrían un incentivo para vigilar por sus gastos anuales. Los críticos del plan argumentan que semejante sistema impulsaría a los pensionistas a gastar menos en cuidados preventivos básicos para ahorrarse dinero con un efecto contraproducente a largo plazo.
No faltará la paradoja en el debate. Ante la impopularidad de su reforma sanitaria, Obama se ha mostrado reacio a hablar de su principal logro legislativo en sus discursos preelectorales. Romney, en cambio, no parece el mensajero más idóneo de la propuesta republicana. Durante su mandato como gobernador del estado de Massachusetts promovió una reforma sanitaria similar al Obamacare, incluyendo un “mandato individual” que obliga a los ciudadanos de ese estado a adquirir un seguro de salud. Los dos coinciden en que el sistema está enfermo y ahora cada uno tendrá que convencer a los votantes que su visión de reforma es la receta correcta.
