El informe de la Comisión de Expertos que guiará al Ministerio de Hacienda en la tarea de diseñar la reforma fiscal ha abierto la puerta en los copagos en sanidad de cara a conseguir una “financiación suficiente” para las comunidades autónomas. De llegar a implantarse, la reforma avalaría iniciativas como el euro por receta madrileño, pero no el catalán. Aunque ambas medidas han sido suspendidas con carácter cautelar por el Tribunal Constitucional, la defensa que cada una de estas comunidades autónomas realiza es diferente.
En ambos casos, el Gobierno Central considera que se vulnera el principio de igualdad y se grava dos veces la adquisición de medicamentos. Sin embargo, mientras el ejecutivo catalán argumenta que no se trata de un copago, sino de una “tasa moderadora” sobre la demanda sanitaria, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, defendió que la aplicación “de este copago” está entre las competencias de la región.
El informe de los expertos de Hacienda parte de la base de que ofrecer servicios públicos, incluso los más esenciales como sanidad o educación, de forma gratuita “no es el modo más eficiente ni justo de hacerlo, porque incluso en esos servicios hay siempre un cierto beneficio privado que debería ser compensado mediante el copago”. De ahí que sus autores entiendan que, ante las insuficiencias presupuestarias, muchos países del entorno “con distinto color político” hayan acudido a esta fórmula. Asimismo, creen que “hacer pagar al contribuyente una parte del precio de los bienes y servicios públicos que consume es un camino en el que el sistema fiscal español tiene todavía mucho recorrido, especialmente en sanidad” y añaden que teniendo en cuenta las características de la demanda de estos bienes públicos, las tasas y contribuciones son “preferibles a los impuestos” a la hora de financiarlos.
Pero, para ello, es preciso dar a las autonomías un margen de maniobra del que por ahora carecen y defienden que sería “razonable extremar la capacidad normativa de las comunidades” para establecer copagos en los servicios públicos que gestionan, como la sanidad. Lo que es más, sugieren integrar estos copagos en el nuevo modelo de financiación en el que trabajan ya gobierno central y comunidades. Su propuesta es fijar unos mínimos en los copagos de todas las regiones que sirva para calcular sus capacidades de generar ingresos. De este modo, deben dar la posibilidad a las comunidades para que modifiquen los tipos de copago, cuyas consecuencias recaudatorias deberán asumir en exclusiva, remarca el informe.
I+D
En otro orden de cosas, los asesores del ministerio hacen propia la recomendación de la Comisión Europea de evaluar las deducciones por I+D+i. Consideran que representan un área clave en el que deben focalizarse las medidas de reforma y recuerdan que la evidencia científica empírica de este tipo de bonificaciones “no es concluyente”. Su aparente falta de eficiencia, exponen, no parece justificar su coste fiscal, por lo que abogan por explorar otras vías.
Consultado sobre este punto, el catedrático de Economía de la UPF, Jaume Puig-Junoy, subraya que lo más eficiente podría ser un impuesto de sociedades con un tipo nominal más bajo y sin reducciones de la base impositiva. “El sistema actual no conduce a que sean los realmente más innovadores los que acaben con un tipo impositivo efectivo más reducido”, asegura. Un premium price adecuado que discrimine los nuevos fármacos más efectivos y coste-efectivos sería un incentivo más eficiente y equitativo, concluye.
