| viernes, 21 de marzo de 2014 h |

Quizás pueda parecer obvio, pero durante muchos años la sanidad ha estado infrafinanciada, y en algunos sectores de la política española preferían no pagar facturas, en lugar de impulsar una financiación suficiente. Los recortes de los salarios de los médicos, del beneficio de la farmacia y de la industria, han sido los que han pagado las facturas pendientes. Gracias al plan de pago a proveedores del ministro Cristóbal Montoro, la deuda pendiente se reduce ahora a poco más de 1.500 millones de euros, pero se trata de arreglar el futuro de la financiación de la sanidad. Un nuevo modelo fiscal dará mayor capacidad normativa para crear copagos en las autonomías. ¿Va esto en contra de la equidad? Puede que algunos piensen que se afecta la equidad, pero es el ciudadano quien lo deberá decidir en cada caso. El que vota y utiliza la sanidad, aplicando el europeo “principio de subsidiariedad” (resuelve el problema quien está más cerca de él) aplicado al que lo puede disfrutar: el paciente. Un paciente que deberá decidir si la sanidad es de calidad, en asistencia y en acceso a la innovación tecnológica y farmacológica, y que puede decidir si lo que paga tiene un retorno adecuado a sus expectativas. Es posible que el mejor copago sea el que apenas recauda, pero que disuade de la utilización innecesaria de los servicios, como dicen los expertos. Los que dicen que todo debe ser gratis siempre, solo piensan en los votos y olvidan que están hipotecando el futuro. Tiene razón la conselleira gallega Rocío Mosquera, cuando afirma en EG que si Sanidad decide incorporar un nuevo fármaco tendrá que trasladar más financiación. Como todos sabemos, los presupuestos sanitarios autonómicos no contemplan incorporar nuevas moléculas. Para facilitar que la innovación llegue antes, la European Medicines Agency (EMA) lanza la “licencia de adaptación” que pretende dar gratis medicamentos aún en registro para que se beneficien pacientes en áreas prioritarias. Eso está bien, pero algunos pacientes en España se conformarían con tener los medicamentos que necesitan, y que ya han sido aprobados por la EMA y por el ministerio. Se deberían asignar recursos para la innovación, quizás un fondo común estatal que contemple que los ciudadanos que pagamos impuestos tengamos a nuestros familiares, y quizás a nosotros mismos, atendidos con la innovación requerida.

Ante las insuficiencias presupuestarias actuales, muchos países de nuestro entorno con distinto color político, han acudido a esta fórmula. Es hora de repensar la financiación.

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Los expertos recomiendan que las comunidades puedan decidir copagos, y se reabrirá el debate de la financiación suficiente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es aliado del Gobierno en mantener la equidad: La Junta deberá rectificar el envío de medicamentos de la farmacia al hospital, como el resto de comunidades.

CatSalut establece reglas para una correcta evaluación económica y se adelanta a lo reclamado desde hace años.

Alguien de la junta del COFM impulsa la denuncia por la obtención de las fichas que demostraron ante el juez las irregularidades. ¿No deberían alegrarse de que se impidiera unas elecciones ilegítimas?

Quien haya tomado la decisión de denunciar la obtención de las fichas se equivoca, en fondo y forma.