El concurso público por Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) vuelve a centrar las miradas del sector en Andalucía. Los nuevos pliegos que ha publicado la Consejería de Salud introducen los cambios instados desde el TARC andaluz a través de la resolución que emitió el pasado mes de marzo tras el aluvión de recursos (hasta 14) de compañías, patronales y asociaciones de pacientes. Así, los criterios no automáticos han desaparecido y el criterio económico, el único que avaló el tribunal, gana mayor peso (alcanzando el 90 por ciento frente al 53 por ciento del primer pliego). Por otro lado, tanto el número de lotes como la cantidad económica exigida se mantienen igual.
Tras la lectura de los pliegos, el sector ha vuelto a mostrar su oposición e, incluso, ya han confirmado su intención de acudir a los tribunales. Es el caso, por ejemplo, de Farmaindustria, quien además espera la reacción del Ministerio de Sanidad, aunque de momento el ente estatal guarda silencio. Cabe recordar que la patronal ya recurrió los primeros pliegos con cinco líneas argumentales que se basaban en la vulneración de tres leyes: Ley de Garantías, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Contratos Públicos.
Si bien la resolución emitida por el TARC andaluz le otorga coartada a la Junta de Andalucía respecto a la Ley de Contratos Públicos, la patronal de compañía innovadoras entiende que “se trata de una decisión que conlleva una discriminación para los pacientes andaluces, a los que se limita el acceso a medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”, por lo que seguiría existiendo una irregularidad con respecto a la Ley de Garantías, norma de rango superior. Esta opinión es compartida por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), que asegura que “han recomendado que debería verse en el Consejo Interterritorial porque provoca un agravio comparativo”. De igual forma, el CACM entiende que “las ATEs no es un concepto científicamente reconocido y su utilización puede perjudicar la seguridad jurídica de médicos y pacientes”.
La decisión del TARC andaluz de no valorar los aspectos técnicos del Acuerdo Marco, es decir, la configuración de agrupaciones por indicaciones, es una decisión que llama mucho la atención de los juristas expertos en contratación pública. “No se entiende bien esa decisión porque el tribunal administrativo central sí que entró a valorar esta cuestión y la rechazó”, aseguran. En cualquier caso, y sabiendo que los nuevos pliegos se han redactado según las indicaciones del TARC andaluz, los juristas entienden que la única vía que le queda a la industria es la sala de lo contencioso. “El problema es que en esta instancia no se suelen obtener medidas cautelares”, añaden.
Recursos que se pueden plantear:
Especial en materia de contratación administrativa ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Plazo: 15 días hábiles a contar desde la publicación de la convocatoria. Vence: 29 de mayo.
Recurso Contencioso-Administrativo ante los tribunales de justicia. Plazo: dos meses desde la publicación. Vence: 12 de julio.
Según los recursos que se presenten, el siguiente Calendario es orientativo y puede verse radicalmente alterado, ya sea por los recursos o por los retrasos que el SAS pueda acumular en la tramitación con los plazos legales.
Presentación de ofertas: 16 de junio de 2014.
Apertura hipotética del sobre administrativo: 26 de junio de 2014.
Apertura hipotética de plicas: 16 de julio de 2013.
Cumplimiento de requisitos previos al propuesto como adjudicatario: 16 de septiembre de 2014.
Adjudicación hipotética: 1 de octubre de 2014.
Recurso especial contra la adjudicación: 18 de octubre de 2014.
Recurso Contencioso-Administrativo contra la adjudicación: 1 de diciembre de 2014.
Formalización del contrato hipotética: 6 de octubre de 2014 (tras plazos de recursos sin que se hayan presentado).
