Tras el dictamen a las directivas de Farmacovigilancia y de medicamentos falsos (ver EG núm. 603), ahora es la Orden de Precios de Referencia la vía utilizada por el Consejo Económico y Social (CES) para poner un interrogante sobre la política farmacéutica del Gobierno. Sus observaciones, así como las de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y UGT, comparten una gran dosis crítica con el proyecto: tras 15 años de continuas modificaciones, se extiende la idea de que el sistema de precios necesita pasar por una evaluación rigurosa de su utilidad y sus limitaciones, dentro del conjunto de medidas adoptadas para reducir la factura farmacéutica y en el contexto más amplio de lo que debería ser una estrategia a largo plazo de la política de uso racional de los medicamentos.
Las explicaciones contenidas en los tres dictámenes indican que este último proyecto de orden, que verá la luz a principios de mayo, no es uno más. “Es más radical y descarado, si cabe”, expone el informe del sindicato. La primera crítica viene desde un punto de vista formal. Tanto UGT como el CES resaltan la “anomalía procedimental” que supone el haber pedido a este último un dictamen de una disposición de carácter instrumental, mientras que no se solicitó su parecer en relación a la legislación que regula los múltiples cambios del sistema de precios: el RDL 16/2012.
Sin embargo, no es la primera vez que el CES se pronuncia sobre el sistema de precios de referencia. Esta es la séptima. La última tuvo lugar con la orden de 2010, y muchas de las recomendaciones cayeron en saco roto, como recuerda la CEOE: el RDL 16/2012, cita en su informe, no colmó las peticiones relativas, por ejemplo, al control del gasto farmacéutico hospitalario ni sobre la necesidad de abrir un debate sobre el sistema de precios. Más bien al contrario.
Lejos de resolver estas dudas, la reforma sanitaria de la ministra de Sanidad, Ana Mato, introduce en esta herramienta de la política farmacéutica cambios importantes que, según el CES, “suponen en buena medida una ruptura con las principales características del sistema”. Al igual que hizo en su dictamen sobre Farmacovigilancia y medicamentos falsos, el CES reitera la necesidad de no considerar el sistema aisladamente, sino en conjunto con la situación económica y las reformas gubernamentales.
Igualmente, echa en falta una “mayor ponderación del factor salud” en la reformulación de esta política de precios, en línea con UGT y la CEOE. El sindicato apuesta por valorar la orden en el marco de la reforma farmacéutica. A su juicio, “existen otros mecanismos de intervención para la racionalización del gasto que podrían producir ahorro a las comunidades autónomas y además mejorar la salud de los ciudadanos”. La CEOE, por su parte, señala que “quizás el análisis de los impactos se ha realizado solo desde el punto de vista estrictamente económico y enfocado a la obtención de un ahorro inmediato a corto plazo en la contención del gasto farmacéutico, sin evaluar su repercusión a nivel terapéutico”.
No solo los ciudadanos podrían verse afectados por la orden de precios. De hecho, los tres dictámenes también comparten sus críticas a los impactos al sector farmacéutico señalados por el ministerio en su memoria económica. “La memoria de análisis impacto normativo no hace mención alguna a la verdadera situación que atraviesa el sector farmacéutico en España y se limita a significar, en contraposición a datos sectoriales, que la pérdida de puestos de trabajo e inversión en I+D+i que está sufriendo el sector industria farmacéutico es consecuencia de los procesos de fusión empresarial”, critica la CEOE. El CES llama a reflexionar, por su parte, sobre el hecho de que el gasto farmacéutico “ha podido estar compensando otras carencias del sistema”, sobre todo en Primaria y Salud Pública, y aconseja un mayor esfuerzo en mejorar las políticas orientadas “no solo al precio”.
Desde estas valoraciones generales, uno de los grandes puntos negros del nuevo proyecto de orden de precios sigue girando en torno a la ausencia de umbral mínimo. Tanto el CES como la CEOE resaltan los perjuicios que puede ocasionar esta decisión, no solo desde el punto de vista terapéutico, sino también desde la perspectiva de la viabilidad de empresas, puestos de trabajo y de fabricación de medicamentos.
Pero el umbral mínimo es solo uno de los grandes cambios del nuevo sistema. La posibilidad de crear conjuntos sin que exista genérico ha terminado por afectar a medicamentos distintos que comparten principio activo y vía de administración pero que pueden no tener una misma finalidad terapéutica. La CEOE propone desdoblar los conjuntos, atendiendo a las alegaciones de las compañías farmacéuticas.
Los comentarios en los tres dictámenes continúan a lo largo de múltiples asuntos, que van desde el tratamiento que se da a las innovaciones galénicas hasta la preferencia del genérico a igualdad de precio; pasando por la tramitación de solicitudes de anulación y desfinanciación de medicamentos, los errores en los conjuntos, los cálculos a partir del PVP+IVA en lugar del PVL o el sistema de precios seleccionados, que lleva a UGT a preguntarse si es un paso previo a un proceso nacional de subastas. “¿Por qué, entonces, el Gobierno recurre la subasta de fármacos llevada a cabo por alguna comunidad autónoma?”, pregunta.
