Nueva vuelta de tuerca en el conflicto por las subastas andaluzas. Siete días después de que la Junta de Andalucía comentara a bombo y platillo la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre las subastas tras el recurso estatal a la resolución que ponía en pie la primera convocatoria, las piezas del tablero de ajedrez en el que se ha convertido el asunto de las subastas han vuelto a la casilla de salida. El pasado 24 de julio, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno al Decreto-ley 3/2011 de medidas urgentes sobre prestación farmacéutica en Andalucía. ¿El resultado? Las subastas están de nuevo suspendidas durante un máximo de cinco meses.
Ahora todo el proceso vuelve a repetirse. El acuerdo del pleno Tribunal Constitucional incluye la suspensión de la vigencia y aplicación del decreto-ley andaluz, desde la fecha de interposición del recurso, el 20 de julio de 2012, para las partes del proceso y desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para los terceros. Asimismo, se ha procedido a trasladar la demanda y los documentos presentados tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Andalucía, por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
También se ha procedido a requerir al abogado del Estado el preceptivo informe del Consejo de Estado. Luego el Tribunal Constitucional decidirá, como ya ocurrió con el recurso a la resolución de la primera convocatoria, si asume los argumentos expuestos por la Junta, lo que de nuevo permitiría levantar la suspensión cautelar hasta tomar la decisión final.
Andalucía responde
En todo caso, la decisión supone un nuevo revés para la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, que a falta de un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional sobre el contenido del decreto-ley y de la convocatoria pública de subastas, hace apenas una semana se mostraba confiada en que en noviembre podría empezar a preparar nuevas convocatorias de las licitaciones.
La Consejería de Salud andaluza cree “incomprensible” que apenas unos días desde que el Tribunal Constitucional levantara la suspensión cautelar sobre la convocatoria pública de selección de medicamentos, el Gobierno central volviese a presentar un recurso contra una normativa similar, en concreto sobre el Decreto-ley 3/2011 que sustenta este concurso, ya que según la Junta de Andalucía “los fundamentos de ambos procedimientos son los mismos”.
Más allá, el departamento que dirige Montero acusa al Gobierno central de utilizar la vía del Tribunal Constitucional para frenar las iniciativas regionales. “El Gobierno central no puede utilizar la prerrogativa que le concede la legislación española para llevar al Tribunal Constitucional un conflicto de competencias como mecanismo de paralización y control de las acciones de las comunidades autónomas, acudiendo constantemente al Alto Tribunal (sic) por estos motivos”.
La Junta de Andalucía, de hecho, continúa confiando en los argumentos legales que a su juicio dan cobertura legal a las subastas y subraya que la convocatoria de medicamentos “que el Gobierno está empeñado en impedir” (y que tras el levantamiento de la suspensión cautelar apenas ha estado vigente unos cuantos días) supone un ahorro de entre 25 y 200 millones de euros. A juicio de la Junta, todo esto demuestra “una vez más que el Gobierno se posiciona a favor de los intereses de las farmacéuticas y en contra de un sistema sanitario público más sostenible”.
