El proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial del sector público ya está en el Congreso de los Diputados, y será tramitada por procedimiento de urgencia. Con este cambio regulatorio, el Gobierno pretende aplicar una solución estructural que acabe de una vez por todas con la morosidad de las administraciones públicas con sus proveedores, los cuales han terminado pagando por la mala gestión de lo público que han hecho los gobernantes.
Uno de los sectores más afectados por la demora en los pagos es el sanitario. Concretamente, el adeudo con la industria farmacéutica ascendía a los 3.600 millones de euros a 30 de junio de este año, con un retraso medio en el pago de 294 días. En cuanto a las compañías de tecnología sanitaria, representadas por Fenin, la cantidad no satisfecha por la administración ascendía a los 2.500 millones de euros en septiembre de este año, con una demora media de 323 días. En total, a Farmaindustria y Fenin se les deben unos 6.000 millones, a la espera de que la primera actualice sus datos.
La nueva ley recoge la preocupación del Gobierno por este desfase. En la exposición de motivos hay un reconocimiento explícito del perjuicio causado al sector privado, ya que las demoras en los pagos “generan costes de transacción y de financiación para sus proveedores, lo que causa un efecto de transmisión de la morosidad en la cadena de producción, con las consiguientes pérdidas de eficiencia y competitividad para el conjunto de la economía”, reza el proyecto.
Con la reforma anunciada, que implica la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se obligará a las comunidades a hacer públicos los plazos de demora, de los que se desprenderán medidas de prevención, corrección y coerción (ver tabla) que podrían terminar en la intervención por parte del Ministerio de Hacienda.
La entrada en vigor de la ley podría suavizar el discurso de compañías como Biogen Idec, que recientemente anunciaba, a través de su vicepresidente para España, Guido Decap, que su presencia en nuestro país dependerá mucho de que se ponga solución al problema de los impagos..
El procedimiento de urgencia en la tramitación de las leyes acorta considerablemente su tramitación parlamentaria. A petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, la Mesa del Congreso podrá acordar que un asunto se tramite por procedimiento de urgencia, tal y como se recoge en el reglamento del Congreso de los Diputados.
Una vez acordado dicho procedimiento, la consecuencia práctica más relevante es que todos los plazos ordinarios de tramitación de la ley se reducen a la mitad. Eso en lo que al Congreso de los Diputados se refiere, porque el Senado verá reducido su plazo desde los dos meses a los 20 días, tal y como se recoge en la Constitución Española y en el propio reglamento de la Cámara Alta.
De este modo, es probable que la ley pueda ser aprobada antes de fin de 2013. La tramitación en casos similares ha ido desde un mes y medio a tres meses.
