El Tribunal Constitucional celebrará su próximo pleno esta semana, y dentro del orden del día se encontrará la tramitación del recurso al euro por receta de Madrid. No obstante, su admisión solo supondrá, como en el caso catalán, una paralización cautelar. El destino final de la tasa no se conocerá hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Ni Cataluña ni Madrid se dan por vencidas, y la primera, además de haber contraatacado anunciando un recurso al Real Decreto-ley 16/2012, ultima sus alegaciones a la decisión del Tribunal Constitucional. Ya hay argumentos sociales, legales, económicos y sanitarios tanto a favor como en contra de la tasa.
Entre las razones que expondrá la Generalitat está la convicción de que no aplicarla está perjudicando a los catalanes, pues según el consejero de Salud, Boi Ruiz, los 47 millones de euros recaudados han permitido reducir en un 2 por ciento las listas de espera. Otro de los argumentos, previsiblemente, será el económico. La tasa era una medida clave del Plan Económico y Financiero catalán para alcanzar los techos de déficit hasta 2014. De momento, el objetivo del 0,7 en 2013 está más lejano desde la semana pasada, cuando el presidente catalán, Artur Mas, confirmó que la Generalitat rebasó en ocho décimas el objetivo de 2012.
Previsiblemente, junto a la necesidad económica, Cataluña jugará la baza de la seguridad sanitaria. Según la evaluación de la consejería, el euro por receta redujo el gasto farmacéutico sin afectar a los pacientes crónicos. Los argumentos legales de la Generalitat también podrían verse potenciados con el dictamen del Consejo de Estado al euro por receta de Madrid. Aunque ratifica la inconstitucionalidad de la tasa, es distinto del emitido el 26 de junio de 2012 sobre la medida catalana.
Legislación ambigua
En este sentido, aquel se centraba en el argumento de que la tasa incidía sobre los precios de los medicamentos, sin abordar su posible colisión con los cambios aprobados en el Real Decreto-ley 16/2012, lo que motivó la presentación de tres votos particulares a la decisión mayoritaria. El dictamen de Madrid estudia la tasa a la luz de la reforma sanitaria de Ana Mato, pero tampoco eso ha logrado recabar la unanimidad del Consejo de Estado contra la medida madrileña.
Tres consejeros, entre ellos la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, arrojan varias dudas sobre la validez de los argumentos esgrimidos por la mayoría de los consejeros del Consejo de Estado sobre la posibilidad de que la Comunidad de Madrid haya incurrido en inconstitucionalidad, no solo por carecer de la competencia necesaria para modificar el sistema de acceso a la prestación farmacéutica, sino también por vulnerar hasta siete artículos de la normativa básica del Estado.
Los votos particulares no creen que puedan utilizarse razones de competencia exclusiva del Estado como vicios de inconstitucionalidad de una ley autonómica. A su juicio, la legislación básica es tan ambigua que recurrir a ella genera una defensa relativamente débil frente al euro por receta. En su lugar, los consejeros creen que el dictamen debería haberse centrado más en cuestiones de igualdad.
Precisamente, la violación de este principio básico del SNS es uno de los principales argumentos del Gobierno, que también ha recordado que las autonomías no tienen competencias para fijar el precio de los medicamentos, aunque tengan transferidas las competencias sanitarias.