Fomentar el papel de las alianzas público-privadas a la hora de transformar la generación del conocimiento sanitario en productos innovadores, así como cambiar el modelo de compra pública, son dos tareas pendientes claras que ningún experto cuestiona. Ahora bien, como se puso de manifiesto durante la jornada “¿Cómo financiar la innovación en salud? Retos y oportunidades”, organizada por el Biocat y la Fundación de Ciencias de la Salud, en España se parte de una base difícil y hoy más que nunca se evidencia que todos los esfuerzos por innovar son garantía de futuro.
“No hemos sabido ni conseguido que nuestro conocimiento sanitario tenga un impacto industrial. Ese es un claro desequilibrio de nuestra estructura”, explicó Emilià Pola, director general del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell). Así, en relación al área de trasplantes, señaló que España es uno de los mejores en conocimiento científico y utilización, pero está a la cola de Europa en otro aspecto clave si se tiene en cuenta que “más del 95 por ciento de los materiales que se usan en un trasplante no son españoles y están en manos de empresas alemanas o norteamericanas”.
Ante la ausencia de una “base industrial”, Pola abogó por gestionar mejor las ofertas solicitadas para incentivar la “compra pública inteligente”. En este sentido, hizo hincapié en la importancia de comprar a empresas innovadoras y pymes que “necesitan su primer gran cliente público de referencia”. Pero fue más allá e insistió en que “es importante que no seamos solo compradores”.
En la misma línea, José María Mato, director general de CIC bioGUNE y CIC biomaGUNE y patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud, apostó por la generación de un “círculo virtuoso” en el que, además de compañías emergentes que compitan en el mercado con productos innovadores y un sector público que los compre, haya capital riesgo para invertir. Para todo ello, el papel de las alianzas público-privadas es clave, como destacó Javier Arias-Díaz, subdirector general del Instituto de Salud Carlos III, ya que en ellas se genera dos tercios del conocimiento innovador.
Desde el punto de vista de la industria farmacéutica, Mercè Armelles, directora de Asuntos Sanitarios de Cataluña y Aragón de GlaxoSmithKline, consideró que los tiempos para el acceso a la innovación y el retorno de la inversión son muy dilatados, y propuso un modelo de prestación farmacéutica consensuado entre el ministerio y las comunidades autónomas para agilizar la valoración de las agencias evaluadoras de fármacos y la incorporación de las innovaciones.
En este sentido, Armelles puso sobre la mesa un ejemplo: lapatinib, un fármaco de GSK para cáncer de mama metastásico. En el caso concreto de Cataluña ha sido clasificado “de uso excepcional”, por lo que solo puede ser utilizado tras resolución expresa del director del CatSalut. “Presentamos unas alegaciones y, desde marzo de 2011, aún desconocemos la respuesta”, puntualizó Armelles. A este respecto, propuso que en las comisiones de evaluación autonómicas se debería impulsar un proceso más participativo.
Entre otros puntos de mejora, Armelles hizo alusión a la puesta en valor de la investigación que desarrollan las compañías innovadoras mediante el Plan Profarma y, en lo referente al problema de financiación insuficiente, afirmó que “cuando se instauran los precios de referencia, todo el presupuesto que se libera por la bajada de precios debería servir para financiar las novedades terapéuticas”.
Por su parte, Marta Palicio, jefa de innovación en Biokit, consideró durante su intervención en la jornada que en el sector ‘farma’ se debe superar el modelo cerrado de innovación ya que “con los cambios regulatorios, los costes internos aumentan muchísimo y los beneficios en el mercado, dado que la vida de los productos es más corta, disminuyen”. Por tanto, Palicio sugirió que “la propiedad intelectual es un activo que se puede comercializar”.
