En plena crisis del ébola, el apoyo del presidente de la Comunidad de Madrid a la idea de que el Hospital Carlos III sea un centro de referencia nacional en enfermedades infecciosas siempre y cuando exista una financiación específica ha puesto en el punto de mira las dificultades económicas que encuentran las comunidades autónomas para financiar este tipo de centros.
Hasta el año pasado, el Fondo de Cohesión se encargaba de dar cobertura a esta actividad extraordinaria de algunos hospitales, acreditados en ciertas patologías, técnicas y procedimientos que, según la normativa, deben dar cobertura a todo el territorio nacional y garantizar a todos los usuarios que lo precisen su acceso en igualdad de condiciones, con independencia de su lugar de residencia. Con la extinción de este fondo, la financiación de esta actividad se enmarca dentro de la atención a pacientes desplazados de otras comunidades, por lo que en teoría se compensaría por la vía del Fondo de Garantía Asistencial, que entrará en funcionamiento en varias fases. Según la previsión, a partir de 2015 funcionará la compensación por pacientes atendidos en primaria… Una financiación relativa puesto que, de entrada, estos pagos entre comunidades cubrirán solo un porcentaje del coste de la asistencia.
La complejidad de las patologías que tratan, y que justifican la necesidad de acreditar centros que reúnan una serie de condiciones en cuanto a experiencia y recursos materiales y humanos, solo es comparable con la heterogeneidad de su situación. A nivel nacional, un real decreto ley de 2006 estableció la creación de un comité de designación en el que participan responsables del Ministerio y de las comunidades. Aunque inicialmente se acordaron 55 patologías o procedimientos, actualmente ya son 59. Alrededor de ellas se articula un entramado de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) a nivel nacional; una serie de centros a escala regional y otros “de facto”: unidades que, por su prestigio y experiencia, logran atraer a pacientes de todo el SNS aunque no estén acreditadas como tales.
En medio de este maremágnum, la crisis del ébola no solo ha puesto el foco en la indefinición de la financiación de estas actividades. También acapara los esfuerzos de administraciones públicas, que concentran sus esfuerzos en la gestión de la crisis y no han dado respuesta a este otro asunto. Así, quedan dudas en el aire, como las alusiones al desmantelamiento del Carlos III como centro de referencia nacional en infecciosas cuando no consta en este listado de CSUR y, lo que es más, no hay un epígrafe como tal entre las patologías acordadas, aunque sí existe un grupo de trabajo que analiza las necesidades de unidades y centros específicos.
Lo más claro de todo es el rechazo frontal del grupo parlamentario socialista sobre la decisión unilateral de retirar la fórmula de financiación vigente para estos centros desde el año pasado. El portavoz de Sanidad, José Martínez Olmos, explica a EG que en su día denunciaron las consecuencias que podrían producirse. “El perjuicio a los pacientes es claro. El gobierno de Rajoy abandonó su obligación de asegurar la cohesión territorial y eso se traduce en desigualdad y dificultades de acceso a los pacientes en los servicios que necesitan”, alerta.
Según el PSOE, los pacientes de enfermedades raras y crónicas son los mejores portavoces del “desastre”. En este sentido, la Federación Española de Enfermedades Raras ha denunciado los problemas que encuentran algunos enfermos para ser atendidos en centros que no son de su comunidad por el impacto económico de sus tratamientos y las dificultades para recuperar el coste de esa asistencia sanitaria.
Tras el cambio operado en 2012, es Sanidad quien determina, a través del comité de designación en el que también participan las comunidades, qué servicios o unidades pueden ser acreditados como centros de referencia, pero son las comunidades las que afrontan los gastos. Aún así, el Gobierno no parece estar dispuesto a rectificar. El proyecto de PGE para 2015 no contempla rectificación en la dotación del Fondo de Cohesión, lo que sitúa a algunas regiones como Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia o Comunidad Valenciana (ver mapa), con mayor número de CSUR, en una clara situación de desventaja, puesto que sus hospitales están obligados a atender a pacientes con estas patologías de todo el SNS, sin una compensación por esta actividad.
