El momento para las oficinas de farmacia españolas es crítico. Se trata de un sector que ha sido golpeado desde el Gobierno central durante los últimos años a base de reales decretos-ley; un colectivo que sufre los impagos por parte de algunas administraciones; unos profesionales que sufren el impacto de medidas autonómicas como la reciente aprobación del Decreto-ley 2/2013 de la Comunidad Valenciana. Fernando Redondo, presidente de la patronal estatal de oficinas de farmacia, FEFE, analiza para EG esta situación.
Pregunta. En los últimos meses se han vuelto a repetir situaciones que ponen a las oficinas de farmacia contra la espada y la pared. ¿Es imposible salir de esa dinámica?
Respuesta. Claro que es posible, pero para ello debe haber voluntad política. Hemos llegado a una situación en la que solo se miran las cuentas totales y ahí el gasto sanitario es una parte importante y no ven más allá.
P. ¿Existe esa voluntad política?
R. De momento no la veo. Es posible que la haya pero que se mantenga oculta.
P. Y aquí volvemos a tener a la Comunidad Valenciana como buque insignia de los males que golpean al sector, ¿no?
R. Sí, aquí si que hay voluntad política, pero en el sentido contrario. Se está cometiendo un atropello porque el decreto-ley de Manuel Llombart tiene muchos defectos, entre ellos el haberlo sacado a traición, por sorpresa, sin avisar a los farmacéuticos. Se ha hecho a espaldas del sector. Creo que tanto los médicos, porque da al traste con la libertad de prescripción, como los pacientes valencianos, deberían alzar la voz.
P. ¿Poco apoyo por parte de otros colectivos?
R. No sé si no se dan cuenta de la gravedad de la situación, pero creo que deberían haber levantado la voz con un poco más de energía. De hecho, algunos políticos tienen la percepción de que no hay una demanda a favor de lo que reclamamos los farmacéuticos. Por ejemplo, los médicos montaron un gran revuelo cuando se autorizó la sustitución por parte del farmacéutico de una molécula bioequivalente y ahora les obligan a prescribir una molécula desde un despacho y se quedan callados. No lo entendemos.
P. Respecto a la concertación individual que recoge este decreto-ley… ¿Se están cruzando ya líneas peligrosas?
R. Es un remate final porque el objetivo de esta medida, que no tiene ningún sentido porque acaba con la libertad de elección de farmacia por parte del ciudadano, es dividir al sector y no tener confrontaciones como las que tuvieron a raíz de los impagos. Parece que les molestó el cierre por los impagos.
P. ¿Farmacias que dispensar con cargo al SNS y otras que no?
R. Claro, y el que quiera dispensar con cargo al SNS lo hará bajo unas condiciones que pondrían en riesgo el propio servicio, porque no se van a negociar.
P. ¿Estaríamos hablando entonces de competencias estatales?
R. Creemos que el decreto-ley transgrede la Ley de Garantías y es inconstitucional porque toca aspectos legislativos que son competencia del Estado. Eso lo tenemos clarísimo y me consta que muchos responsables políticos también lo ven así.
P. ¿Falta de voluntad política?
R. O falta de valentía y arrojo para defender eso que tanto nos ha costado conseguir.
P. Sin embargo, no se trata de una situación nueva, ¿no?
R. Siempre estamos con el mismo tema, medidas de una comunidad que invaden las competencias del Estado. Sí, cuentan con la oposición del Gobierno central pero sin una manifestación clara que ponga las cosas en su sitio. Y ahí también está el Consejo Interterritorial que…
P. ¿Cree que llegará hasta el Tribunal Constitucional?
R. Espero que impere el sentido común, porque no hablamos solo de un problema de la Comunidad Valenciana, se puede extender a otras comunidades y que el consejero de turno modele a su antojo el sistema público de salud. Dejar de estar en un sistema nacional cohesionado, equitativo…
P. El riesgo de contagio ya se produjo con los impagos.
R. Sí, las cosas no son fruto de la casualidad sino que todo forma parte de un plan orquestado y cada comunidad funciona como un laboratorio de pruebas para hacer barrabasadas. Ocurrió con los impagos y tememos que si no se para este decreto-ley, que es lo más grave que ha ocurrido, mucho más que los impagos, se pueda extender a otras comunidades si el Gobierno central no atiende a su obligación de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.
P. Impagos. La situación empeora en algunas comunidades y se está pendiente de los FLA o de una nueva partida del plan de pago a proveedores. No es lo ideal, ¿no?
R. No. Las administraciones recorta con aquellos agentes del sector que tiene concertados, que es lo más fácil. Además, no pagar no tiene consecuencias para el político que actúa así.
Pregunta. Y a todos los problemas de la farmacia se le suma la amenaza constante de la liberalización que se propugna desde el Ministerio de Economía.
Pregunta. Nos están dando el año. Me gustaría que Economía se definiera, no podemos estar continuamente especulando. Queremos que el Gobierno nos diga cuáles son sus intenciones, porque no hay proyecto empresarial que pueda actuar con esta inestabilidad. ¿Mejoras? ¿Cartera de servicios? Todo esto es imposible si no tenemos estabilidad. Págueme, cree un marco estable y luego hablamos de lo demás.
P. ¿Qué es eso de lo demás?
R. Cómo ampliar la cartera de servicios y mejorarlos; cómo colaborar con la Administración para ahorrar costes sin pegar tijeretazos, sino evaluar tratamientos, seguimiento, evitar hospitalizaciones innecesarias y que se agraven enfermedades por incumplimiento del tratamiento…
P. ¿Estos son los argumentos que tiene que dar la farmacia para convencer al Gobierno de que la liberalización no es buena?
R. En eso estamos, pero en Economía no entiende este lenguaje sanitario. No evalúan muchas cosas de nuestro SNS. Además, hay mucha gente interesada en hincar el diente al negocio del medicamento.
P. Y finalmente, ¿qué pasará?
R. Soy optimista y espero que imperará el sentido común.
