En España los criterios de eficiencia no son un factor clave en la incorporación a la financiación pública de medicamentos, prestaciones y tecnologías, ni tampoco en su exclusión. El verdadero alcance de la reforma sanitaria será limitado y coyuntural, según los economistas Juan Oliva y Jaume Puig-Junoy, que la semana pasada acudieron a la subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario con uno de los mantras más habituales del discurso sanitario: el SNS necesita implementar de forma urgente reformas estructurales vinculadas al coste-efectividad, so pena de quedar definitivamente relegadas o, lo que es peor, sustituidas por recortes indiscriminados de carácter cortoplacista.
Excepto el copago, el resto de medidas se ha cebado en los precios de medicamentos antiguos, ya de por sí bajos, lo que tiene, para Puig-Junoy, profesor titular del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra “escaso recorrido”. Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud, ni siquiera aprueba la reforma del copago. Si no se desea que se convierta en un impuesto sobre la enfermedad, dice, debe tener “un papel recaudatorio limitado”. Sería más deseable, a su juicio, un copago evitable y basado en criterios de efectividad. “Si es obligatorio, como es el caso actual, lo óptimo es que sea de importe reducido para todos, que se acumule la cifra total que paga un paciente por cualquier tipo de copago, con un límite máximo de aportación (Suecia) o un porcentaje de la renta (Alemania), dejando fuera del copago, o siendo muy reducido, para pacientes con enfermedades crónicas”, continúa Oliva.
Los efectos de la reforma farmacéutica también fueron expuestos por Elvira Sanz, presidenta de Farmaindustria. Tras recordar la contribución del sector en términos económicos y de salud, Sanz indicó que las medidas adoptadas para controlar el gasto han llevado a España por debajo de la media europea en algunos indicadores. Pero junto con ello, España ha retrocedido muchos puestos en materia de acceso a las innovaciones. Para Farmaindustria, es necesario reconducir la situación en términos regulatorios, con un marco estable y predecible que incluya el reconocimiento de la innovación tanto en términos de precios y reembolso como en términos de acceso.
Los economistas, en cambio, siguen haciendo énfasis en el coste-efectividad. Según Oliva, de la capacidad que tenga España para evolucionar en un plazo razonable hacia una financiación selectiva dependerá la credibilidad del ajuste presupuestario en la sanidad. Tanto él como Puig-Junoy instan al Gobierno a fijar una hoja de ruta en base a la experiencia internacional. En la actualidad, casi la mitad de los países de la UE hacen uso, bajo formas distintas, de los resultados de una evaluación económica para financiar o poner precio a las innovaciones. En otros este interés ha sido más formal o estético que real. Entre ellos no se puede excluir a España, a pesar de que tuvo una de las primeras agencias en los años 80 (la catalana), a pesar del elevado número de agencias estatales y pese al elevado número de informes que emiten.
Cambio en precios
Hoy carece de justificación, para Puig-Junoy, que el Gobierno valore “todo lo nuevo como innovador”. De la misma forma, cree “irresponsable” retrasar o impedir el acceso a cualquier fármaco nuevo sin más razón que la de que genera más gasto. Para que sea creíble el paso hacia una cobertura selectiva según la evidencia científica comparada es necesario, según él, “algo más que una Red de Agencias o un Consejo Asesor: es un cambio estructural en el procedimiento y criterios de financiación y de fijación de precios de los medicamentos”.
De momento, España solo cumple en teoría. Sin ir demasiado atrás, este experto se remite al Programa Nacional de Reformas de España 2013, que reitera en el establecimiento de criterios para decisiones de precios y financiación. “Pero, ¿cuáles criterios?”, se pregunta Puig-Junoy, que añade que la “magia de la esperanza” desaparece cuando el mismo programa mide “simple y llanamente” el progreso alcanzado por la reducción del número de recetas atribuible al tripago. Los problemas se acumulan: en España ni siquiera se sabe el coste por años de vida ajustados por calidad de los fármacos que se autorizan mensualmente. “Para empeorar las cosas —continúa— desde junio de 2012 han dejado de publicarse incluso los precios de venta acordados por la Comisión Interministerial para medicamentos nuevos y solo hacen públicas las bajadas de precios de medicamentos que tienen competencia”.
Tampoco ha mejorado la transparencia, a su juicio, “la coartada que ofrece la existencia de un precio en el marcado distinto del precio para el seguro público”. Y siguiendo con el funcionamiento de la Comisión Interministerial, Puig-Junoy critica la dinámica de incluir a las comunidades cada seis meses. “Así, para cuando una comunidad empieza a enterarse de qué va el asunto y propone cambios en las reglas de decisión ya se le terminó el turno”, dice.
El resultado de la reforma tampoco ofrece grandes esperanzas. En los informes de posicionamiento terapéutico, dice, “no solo la eficiencia brilla por su ausencia sino que la eficacia/efectividad comparada dista de los contenidos y estándares científicos al uso en las agencias internacionales”.
