El primer round en el Congreso de los Diputados sobre el copago farmacéutico para pacientes ambulatorios ha sentado las bases de un debate que se repetirá en las próximas semanas. Pese a todas las críticas que acumula, Sanidad no piensa dar marcha atrás y sigue escudándose en la equidad para defender la resolución del 10 de septiembre. Acusa, además, de demagogia al Partido Socialista por pedir su retirada, aunque las explicaciones del Ministerio de Sanidad siguen generando preguntas sin responder ninguna.
La ministra de Sanidad, Ana Mato acudió con los deberes hechos a la interpelación sobre el SNS que el Grupo Socialista le planteó en la Cámara Baja. Por un lado, explicó, con un informe de la Abogacía del Estado en mano, cuál sería, según el artículo 94.bis de la Ley de Garantías, la consecuencia de retirar la resolución: que los fármacos afectados se someterían al régimen general de aportación, es decir, que ya no supondrían un coste máximo para el usuario de 4,20 euros, sino que debería pagar por ellos un porcentaje que variaría entre el 10 y el 60 por ciento. “¿Sabe cuánto es el 40 por ciento de un medicamento para el cáncer que cuesta 3.500 euros? Pues 1.400 euros. ¿Sabe cuánto es el 40 por ciento de un medicamento de uso pediátrico que cuesta 500 euros? Pues 218 euros”, respondió Mato al portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos.
Asimismo, aseguró que todos los medicamentos de la resolución se incorporaron entre 2007 a 2010 (durante la etapa del gobierno socialista) y que todos ellos fueron autorizados con copago en farmacias. Desde este punto de vista se sostiene la apuesta por la equidad del ministerio en torno al copago hospitalario frente a las críticas de la oposición. Pero, al mismo tiempo, la ministra obvió dos hechos importantes.
El primero, que fue el gobierno del PP el que modificó la Ley de Garantías para que se entendiera como prestación farmacéutica ambulatoria “la que se dispensa al paciente mediante receta médica u orden de dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia”. El segundo, que fue su departamento el que aprobó una resolución que no cumple en todos sus términos la propia Ley de Garantías.
El artículo 94.bis de esta normativa establece, sin ningún matiz, que “la prestación farmacéutica ambulatoria estará sujeta a aportación del usuario”. Sin embargo, la resolución solo establece copago para un pequeño número de los fármacos potencialmente afectados, lo que plantea las primeras preguntas. Si el objetivo de la resolución es, como se desprende de las palabras de la ministra, minimizar el impacto de la Ley de Garantías, ¿por qué no redactar una resolución que afecte a menos fármacos todavía? ¿Por qué no afectar a ninguno?
“La farmacia es una sola, el sistema de aportación es uno solo”. La declaración de intenciones que Ana Mato lanzó en el Congreso es muy clara, pero no contaba con el malestar que esta medida continúa generando en algunas comunidades. La semana pasada, el campanazo lo dio el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, al afirmar que la región no aplicará el copago a menos que lo apliquen, y a la vez, todas las comunidades autónomas. De primeras, esto suma a La Rioja a Andalucía, la única que ha anunciado oficialmente que no lo pondrá en marcha.
Tras desmentir supuestas presiones por parte del Ministerio, la Junta de Castilla y León mantuvo su postura y reiteró que pedirá al Gobierno Central que retire la Resolución. Su presidente, Juan Vicente Herrera, anunció que las Cortes regionales, en las que el grupo popular tiene mayoría, aprobarán próximamente una iniciativa en este sentido.
Inmune a las explicaciones del Ministerio, Extremadura también se ha sumado a la lista al afirmar que está estudiando fórmulas para no tener que aplicar el copago o, de tener que hacerlo, para que no recaiga sobre los ciudadanos, igual que Navarra.
