La implantación de la tasa del euro por receta en la Comunidad de Madrid ha provocado un ligero enfrentamiento entre el colectivo farmacéutico y el médico. Así se desprende del comunicado difundido entre los farmacéuticos madrileños por su presidente, Alberto García Romero, en el que denuncia la actitud que se de en centros de salud y hospitales respecto a esta tasa, ya que, tal y como indica, “en un número no despreciable de ocasiones dan ‘instrucciones’ a los ciudadanos para que objeten, e incluso insolidariamente están sugiriendo en ocasiones que se denuncie al farmacéutico”.
La denuncia de García Romero se produce tras los problemas que se están dando en las oficinas de farmacia madrileñas tras la implantación el pasado 1 de enero de esta medida. A este respecto, el presidente de los farmacéuticos madrileños insiste en señalar que en ocasiones se está produciendo “un verdadero colapso, que en ocasiones afecta a la calidad de un servicio sanitario esencial y del que nos sentimos orgullosos, y aún más incluso, a nuestra dignidad profesional”. Y es que, tal y como precisa García Romero, existe una “diferencia notable” entre la previsión de objetores de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la realmente existente que, tal y como precisa, “viene sobre todo provocada por la huelga en centros de salud y hospitales”.
Sobre este particular, García Romero volvió a precisar que en las boticas madrileñas faltan formularios de objeción, algo que están tratando de solucionar con fotocopias de los mismos, cuyo gasto es sufragado por las propias farmacias. En este sentido, García Romero recordó que la consejería negó “desde el desconocimiento” la cifra de objetores a la tasa, y lo hizo a través de “calificativos impropios, solo admisibles por la situación tan delicada producida también por la huelga y protesta social por las medidas sanitarias”.
Recurso contra el euro
Por otro lado, el presidente de los farmacéuticos madrileños recordó que desde el colegio se opusieron a la implantación de esta medida e incluso se pidió la paralización de la misma antes de que entrase en vigor. Por ello, y una vez que el Gobierno central interpuso un recurso contra la misma ante el Tribunal Constitucional, García Romero espera que este paralice “lo más ágilmente posible esta tasa y que impere el sentido común para conseguir soluciones dialogadas que permitan afrontar la acuciante situación de nuestro país de la mejor manera para todos”.
