España se incluye entre los países alejados del objetivo de gasto en I+D respecto al PIB para 2020, pese a la reducción del 3 al 2 por 100 establecida en el Programa Nacional de Reformas 2013. Para alcanzarlo se contempla, entre otras medidas, aumentar la implicación y participación del sector privado en la inversión I+D, que debería alcanzar el 1,2 por 100 sobre el PIB en 2020. Pero las últimas cifras registradas, de 2013, situadas en el 0,66 por ciento, indican según un estudio del Consejo Económico y Social (CES) que la meta está aún lejana. Este organismo cree que deberían concretarse objetivos “más realistas”, ya que “trasladar al sector privado la responsabilidad de duplicar el porcentaje de inversión en I+D en tan breve espacio de tiempo requeriría un amplio abanico de medidas que establecieran un marco mucho más favorable para las inversiones del sector privado en este ámbito”. A fecha de hoy, añade, dichas medidas, que son imprescindibles para alcanzar dicho objetivo, no se han concretado.
La primera de ellas tiene que ver con los incentivos a la I+D. Aunque hoy el sistema español está considerado uno de los mejores del mundo, mantiene según el estudio algunas “barreras” en su aplicación por parte de las empresas, y en especial las pequeñas y medianas, que tienen que ver con su complejidad, su alto coste administrativo y de gestión, la falta de estabilidad del marco legal y la escasa experiencia de la mayoría de las pymes en materia de solicitud de ayudas públicas. Además de hacer más efectivos estos incentivos, el CES resalta la importancia que el nuevo Programa Horizonte 2020 otorga a las asociaciones público-privadas y el “claro reto” que ello supone para España, por cuanto se hará preciso “incrementar la participación del sector privado” en el sistema de I+D+i. Una tercera medida pasaría por eliminar barreras para facilitar la movilidad del personal investigador entre las universidades, los OPIS y las empresas.
La responsabilidad pública
El Consejo Económico y Social no solo reprocha al Estado el no estar ayudando lo suficiente para impulsar la inversión privada en I+D y situarla en la media europea. Su informe de situación sobre la investigación en España lanza duras críticas contra los recortes acumulados en los últimos años. La “disminución generalizada de fondos públicos”, señala en sus conclusiones, “está poniendo seriamente en cuestión la viabilidad del Sistema español de Ciencia y Tecnología y entraña asimismo un retroceso muy preocupante de las políticas de transferencia tecnológica y de apoyo a la innovación”.
Entre 2009 y 2013, el gasto público en I+D se contrajo un 60,5 por ciento. En la misma línea, el gasto agregado en I+D+i de las comunidades autónomas bajó un 30,2 por ciento entre 2008 y 2012. Y las transferencias que reciben las universidades públicas de los gobiernos autonómicos, que suponen aproximadamente el 70 por ciento de su financiación, se redujo un 17 por ciento de media en el mismo periodo temporal, con descensos “preocupantes” en las universidades de Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, Madrid y Murcia.
A la vista de estos datos se hace preciso, para el CES, que los gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos, tomen conciencia de que la apuesta por un patrón de crecimiento de la actividad y el empleo diferente, basado en la innovación, requiere tener visión de largo plazo y la realización de inversiones sostenidas en el tiempo. “Resulta crucial que se dé mayor prioridad a esta política en los presupuestos públicos, que se planifique plurianualmente la inversión en I+D y que se dote de estabilidad a los fondos, evitando que la financiación del sistema depende, como ha sucedido, de los avatares del ciclo económico”, añade.
Dicha apuesta lograría también hacer frente a algo que las políticas de I+D+i no han conseguido hasta ahora: reducir la brecha territorial en materia de investigación, que tiene hoy a País Vasco y Navarra como las que más invierten y las que tienen un sistema más avanzado.
Situación de la I+D farmacéutica
El estudio del CES, una síntesis de los resultados disponibles en materia de I+D, no solo subraya la persistencia de problemas tradicionales, sino que también tiene como objetivo estudiar la incidencia de estas labores sobre la competitividad y el empleo. A este respecto, el análisis ofrecido, con datos de agentes, recursos y resultados y su correlato en la actividad innovadora empresarial deja constancia de la buena salud que el sector farmacéutico tiene en comparación a otros.
Así, el sector farmacéutico destaca por su intensidad en I+D respecto al total de ventas y por encontrarse entre los mejor representados en materia de empleados en actividades de I+D y en número de investigadores. Asimismo, y aunque desde el punto de vista sectorial la innovación tecnológica presenta una dispersión amplia, la farmacia presenta uno de los mayores datos, por encima del 50 por cien del total de las empresas.
La mayor parte de la inversión en innovación tecnológica corresponde a las grandes empresas, cuyo peso en el total del gasto fue un 67,5 por 100 en 2013 (3,5 puntos más que en 2012 y 4,5 puntos más que en 2011). Hay, sin embargo, sectores donde el peso de la gran empresa es aún más alto. De nuevo la farmacia lidera el listado como uno de los tres sectores (junto con el del automóvil y la aeronáutica) que supera el 90 por ciento o más. También es la primera mención en el informe en lo que se refiere al grueso de empresas que más coopera con las universidades.
La gobernanza del sistema, más allá de la adscripción de la política de I+D+i a un departamento ministerial concreto, merece una posición destacada en las políticas del Estado, según el informe del CES, que también considera que un mayor control del Parlamento puede incrementar su eficacia.
El informe también insta a hacer efectivas las previsiones de la Ley de Ciencia. Hasta el momento, esto solo ha ocurrido con algunos aspectos puntuales de la misma . En este sentido, el Consejo Económico y Social destaca como elementos pendientes la creación de la Agencia Estatal de Investigación, la aplicación del Estatuto del personal investigador, la aprobación del Estatuto de la joven empresa innovadora o la reorganización de los organismos públicos de investigación.
