Como ha recordado en sus recientes comparecencias públicas Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, “la Farmacia ha sufrido 23 medidas de afectación directa en la última década”, una cifra sin parangón respecto a otros sectores. Un mensaje que, después de la publicación inminente de una nueva orden de precios de referencia, la presidenta de los farmacéuticos españoles deberá actualizar “al alza”. Y es que, toda esta normativa farmacéutica ha propiciado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya ganado peso como libro de cabecera de los farmacéuticos españoles.
En este sentido, cabe destacar que en el BOE los farmacéuticos españoles pueden encontrar respuesta a la delicada situación económica que atraviesan. Una situación que, visto lo visto, no es achacable a un determinado gobierno ni signo político, sino a la conjunción de todas las políticas farmacéuticas emprendidas desde 2000, que han situado el margen neto de las farmacias en límites nunca vistos (7 por ciento aproximadamente) y una caída de la facturación en torno al 10 por ciento anual.
El nuevo siglo empezó con una ‘bomba’ para las oficinas de farmacia, que puede considerarse el origen de muchos de los males que actualmente afectan a estos establecimientos: el Real Decreto-ley 5/2000. Esta normativa establecía, por primera vez, que las farmacias tenían que realizar aportaciones económicas directas en función de sus ingresos, lo cual, con el paso de los años y las sucesivas actualizaciones de las escalas de deducciones (RD 1328/2003; RD 2402/2004; RD 823/2008; RDL 4/2010; RDL 9/2011 y, más recientemente, el RDL 16/2012) ha supuesto un ‘mordisco’ al conjunto de boticas nacionales.
Este ‘mordisco’ ya supera los 4.000 millones de euros, y supone aproximadamente un 4 por ciento de la facturación anual de cada botica. Por ello, no es de extrañar que el colectivo farmacéutico nacional haya reclamado a lo largo de estos años, por el momento sin éxito, la retirada de estas deducciones, que considera que son “desproporcionadas e injustas”. Además, sobre ellas que pesa desde 2006 una cuestión de inconstitucionalidad que aún debe resolver el Tribunal Constitucional.
Asimismo, cabe destacar la vuelta de tuerca que supuso el RD 2130/2008, por el cual también se aplicarían estas deducciones a las recetas de mutualidades de funcionarios. Solo el nuevo escalado que incluye el RDL 16/2012 ha dejado cierto buen sabor de boca, al suavizar las aportaciones de las que menos facturan en detrimento de las de mayor facturación. El 70 por ciento de las 22.000 boticas nacionales se ven favorecidas por esta última revisión.
Márgenes y precios
Normativas como las anteriores han tenido una influencia implícita sobre el margen comercial de estos establecimientos. Otras lo han hecho de forma explícita, como es el caso del citado RDL 5/2000, que bajó el margen bruto del 29,7 al 21,9 por ciento. Un lustro después, con la entrada en vigor del RD 2402/2004, el margen especial que hasta la fecha tenía la dispensación de genéricos (33 por ciento), se igualaba al del resto de medicamentos. Tampoco el margen fijo existente para medicamentos de elevado coste se ha librado de sucesivas reducciones en 2004, 2008 y 2010.
La llegada del nuevo siglo no vino acompañada exclusivamente para las farmacias del dañino RDL 5/2000. Ese mismo año también entró en vigor el primer Sistema de Precios de Referencia con el que se estipulaba el coste máximo de un medicamento a financiar por el SNS y que a lo largo de los últimos 13 años, periodo en el que se han publicado otra decena de órdenes de precios, se ha consolidado como una herramienta a disposición del Ejecutivo para controlar el gasto farmacéutico y, en consecuencia, una constante merma económica del margen real de las boticas. Ahora, Sanidad ha presentado el proyecto de una nueva orden con la que pretende ahorrar 420 millones de euros.
En 2010 se agudizan
En concreto, desde 2000 hasta 2009, el medicamento y la Farmacia han sufrido 14 medidas que provocaron que la factura pública en medicamentos a través de las boticas tuviese crecimientos interanuales entre el 5 y 7 por ciento, muy por debajo del crecimiento en porcentajes de dos dígitos experimentado en la década de los noventa. Sin embargo, a la par que se reducía el gasto farmacéutico, también lo hacía la rentabilidad de las oficinas de farmacia, consecuencia de aplicar medidas sobre la oferta “y no sobre la demanda”, como todavía denuncia el sector.
No obstante, lo peor estaba por venir. Desde 2009 a la actualidad, ya en plena crisis, la Farmacia ha sufrido otras nueve medidas directas, entre ellas cinco reales decretos ley. Todas ellas con un denominador común: sus incidencias en el precio, a la baja, de los medicamentos. ¿El resultado? Solo en estos tres años, la factura en medicamentos dispensados en boticas con cargo al SNS se ha visto reducida un -21,9 por ciento acumulado. Por ejemplo, los RDL 4/2010 y 8/2010 obligaron a nuevas bajadas generales en el precio de medicamentos de marca y genéricos, además de limitar la aplicación de descuentos a las farmacias por pronto pago o volumen de compras y establecer nuevas deducciones del 7,5 por ciento en la facturación de los fármacos financiados fuera de los precios de referencia.
Tras publicarse estas normativas, la que por entonces era ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunciaba ante la Comisión de Sanidad del Congreso que, tras el RDL 8/2010, “se habían acabado las medidas contra la farmacia”. Sin embargo, apenas transcurrió un año para que los farmacéuticos se encontrasen con una nueva sorpresa: el RDL 9/2011. Este decreto ley implantaba la prescripción por principio activo a nivel nacional y obligaba a las farmacias a la dispensación del medicamento con menor precio. Por contra, esta norma incluía una de las pocas buenas noticias que han recibido las farmacias en los últimos tiempos: la posibilidad de que las farmacias en situación de viabilidad económica comprometida reciban compensaciones económicas a su baja facturación (con un límite de 833 euros mensuales).
El RDL 16/2012 cierra, por el momento, el círculo de medidas implantadas en el nuevo siglo con efectos en la rentabilidad de las farmacias. No obstante, la obcecación de las administraciones por seguir reduciendo el gasto farmacéutico impide descartar la continuidad de este maremágnum normativo. “Que pase la siguiente”, pensarán los boticarios nacionales.
Hasta 2011, el sector farmacéutico nacional encajaba con cierta resignación, no exenta de quejas, los sucesivos golpes que recibía de las administraciones en forma de normativas. Pero fue el 24 de enero de dicho año, con la publicación todavía reciente de los RDL 4/2010 y 8/2010, cuando el sector decidió dar un paso al frente para decir “basta ya”. En un hecho sin precedentes, las máximas instituciones de la cadena del medicamento, CGCOF, Farmaindustria, Fedifar y Aeseg, elaboraron un manifiesto conjunto “en defensa de la prestación farmacéutica”. En él, recordaban que laboratorios, distribuidoras y oficinas de farmacia ya estaban realizando “una contribución extraordinaria a la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud” y recordaban que la cuota de responsabilidad que estaba teniendo el sector farmacéutico era “la más alta asumida por un solo sector” en el duro ajuste que estaba sufriendo el gasto público en España.
En ese histórico comunicado también se alertaba de otra serie de medidas a nivel autonómico que empezaban a tomar forma por esas fechas, como el catálogo gallego de medicamentos o las subastas andaluzas y que, con el paso del tiempo, han confirmado sus negativas consecuencias para el sector farmacéutico y los pacientes. No obstante, más allá de la denuncia que contenía este manifiesto, todos los firmantes corroboraban en él su compromiso por seguir contribuyendo “a mantener un SNS de máxima calidad”.
