Pablo Martínez, periodista e historiador
El Real Decreto Ley 4/2010, apoyado unánimemente por todo el arco parlamentario, representa la respuesta de todos los representantes de los ciudadanos a la racionalización del gasto farmacéutico para intentar solventar la difícil situación económica del SNS. Las distintas fuerzas políticas han puesto de manifiesto algunas objeciones e incluso han formulado críticas, pero al final, con sus votos de convalidación en el Congreso de los Diputados, han prestado un apoyo sin fisuras a la propuesta del Gobierno con el objetivo de adelgazar la factura farmacéutica pública. Hasta aquí todo puede entenderse. Existen, no obstante, aspectos del RDL 4/2010 que se escapan a este razonamiento, que no tienen influencia ninguna en el monto total de la factura que se pretende reducir y, en consecuencia, merecen que desde el Ministerio de Sanidad, autor de la norma, sean explicados. Nos referimos a la limitación al 5 por ciento en medicamentos financiados y de hasta el 10 por ciento en genéricos de los descuentos de los distribuidores y los laboratorios a las oficinas de farmacia. Dentro de un mercado absolutamente regulado, en el que desde la autorización de comercialización a los precios finales, pasando por los márgenes y las escalas de deducciones obligatorias, están preestablecidos, interferir en las relaciones mercantiles entre particulares es una intromisión que limita la capacidad de gestión de las farmacias y desactiva la competencia entre proveedores.
La prohibición de esos descuentos, que no influyen en la factura final que deben abonar los servicios públicos de salud, tiene pocas interpretaciones plausibles. Una de las posibles, aunque dudo que resulte entendible, es que se trate de un castigo al farmacéutico. ¿Por qué? ¿Para qué? Como castigo gratuito resultaría, además, sumamente injusto, impropio de gobernantes democráticos. Los castigos se entienden como un acto de autoridad para corregir comportamientos que el poder no comparte con el fin de obtener la sumisión del castigado. ¿Quiere el Gobierno una sumisión mayor que la actual de los farmacéuticos? ¿Le molestan las críticas que recibe de los mismos? Debería explicarse.
