Marta Ciércoles es periodista del diario ‘Avui’
Ha tenido que llegar esta maldita crisis para que el debate sobre el futuro del sistema sanitario pase, por fin, a primerísima línea. Aunque la realidad es que la crisis no ha hecho más que agravar el estado de un enfermo que ya antes era, como mínimo, preocupante. España todavía goza de uno de los sistemas públicos de salud más eficientes, mejor valorados y más baratos de Europa, con un nivel de cobertura y una calidad destacables a un coste de poco más de 1.800 euros anuales por habitante. Un gasto que, no obstante, cada vez se revela más insuficiente y que, a su vez, año tras año va acumulando un déficit que, de seguir a este ritmo, acabará por ahogar el sistema.
Así pues, el futuro de la sostenibilidad del sistema sanitario preocupa, y mucho, en un momento que debería ser clave para tomar decisiones que encaminen hacia un nuevo rumbo. Buena prueba de todo esto es que, mientras los acuerdos políticos para atajar la crisis parecen cosa de otra galaxia, las recientes medidas aprobadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud contaron, pese a algunas reticencias, con el apoyo de los consejeros de todas las autonomías, al margen de colores políticos. Es más, el Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico acaba de ser validado en el Congreso de los Diputados, también, por unanimidad.
Pese a que el consenso refleja que existe una conciencia compartida frente a la gravedad de la situación, se sigue manteniendo la afición por los golpes de efecto. Ejemplo de ello es el paquete de medidas para reducir la factura farmacéutica que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, se apresuró a anunciar ante la opinión pública como la panacea del ahorro. Un ahorro que se cifra en unos 1.500 millones de euros frente a un déficit acumulado estimado de unos 12.000 millones. La decisión puede considerarse más o menos acertada, teniendo en cuenta que la factura farmacéutica se lleva aproximadamente el 30 por ciento de los recursos destinados a salud, aunque perjudique claramente a sectores, como el de los medicamentos genéricos, que por cierto, a estas alturas sólo representan el 9 por ciento del gasto en recetas.
Más allá de las distintas escenificaciones de los acuerdos, si realmente existe un consenso y la voluntad compartida de encontrar soluciones, éste es un momento crucial para trabajar en serio sobre un conjunto de medidas estructurales mucho más ambiciosas que orienten verdaderamente el sistema sanitario hacia la racionalidad del gasto. Apostar por la prevención y la promoción de la salud y por concienciar a los ciudadanos de la necesidad urgente de hacer un uso racional de los servicios de salud, invertir en tecnologías de eficacia demostrada que suponen, a medio y largo plazo, ahorros considerables, o conseguir la complicidad de los profesionales con incentivos para moderar el gasto, son acciones que no se consiguen a golpe de decreto y que deberían ponerse encima de la mesa con valentía.
