El Gobierno va a dedicar 75 millones de euros a ayudas a la adquisición de vehículos eficientes en el enésimo Plan Renove que pone en marcha. Los objetivos a lograr están claros. Por un lado, se busca rejuvenecer el parque automovilístico para hacerlo más ecológico y seguro. Por otro, se pretende impulsar las ventas de coches. Ambos objetivos presentan innumerables beneficios sociales y económicos. Un parque automovilístico más seguro y ecológico permitirá reducir accidentes y enfermedades relacionadas con las emisiones, lo cual tiene un efecto económico claro. Pero además, y de forma directa, la venta de los 75.000 vehículos para los que se ha establecido la ayuda permitirá mantener empleos tanto en las fábricas como en los concesionarios.
Con el sector farmacéutico hay que hacer su propio Plan Renove de impulso del sector para conseguir beneficios sociales, sanitarios y económicos y, muy especialmente, para evitar caídas en el empleo e inversiones y que no hacen más que ahondar en la crisis. En los últimos dos años, son 30 los medicamentos nuevos e indicaciones que se han aprobado en Europa. De esos, solo han llegado a los pacientes españoles once. Una cifra mínima que pone en entredicho la supuestamente rápida introducción de las novedades terapéuticas en nuestro país. Las compañías que están esperando a que se les aprueben los medicamentos se encuentran en una crítica situación ya que no pueden tomar decisiones adecuadas por la incertidumbre de su situación.
Por otro lado, la semana pasada conocimos que Sanidad ha rechazado todas las subidas de precio de los medicamentos desfinanciados y que va a fijar unas pautas a seguir para aprobar los precios solicitados. Con ello se retrasará, como poco un mes más, la toma de decisiones comerciales y estratégicas respecto a los productos afectados. Sanidad tiene ante sí la posibilidad de aplicar al sector su Plan Renove que reduzca la incertidumbre y, por tanto, limite las decisiones de despidos. El establecimiento de precio libre para los OTC no tendría ningún coste para el erario público y, en el caso de la agilización de las decisiones de precio de los medicamentos, se obtendría un beneficio sanitario que sin duda, en muchos casos, compensaría el impacto económico.
