No podemos estar de acuerdo con los parches que se pretenden imponer ya que no son otra cosa que un sacrificio
de unas cuantas compañías. Un sacrificio a los dioses en el que el único que pierde es el cordero y, desgraciadamente, nadie gana
El pasado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó, sin ver un documento de propuestas concretas, una serie de medidas que pueden ser letales para cuatro compañías innovadoras y, principalmente, para todo el sector de genéricos. Junto con ellos, distribución y oficina de farmacia se llevarán la otra gran parte del apretón de cinturón del gasto en medicamentos. Nuestros políticos no se cansan de repetir que el Sistema Nacional de Salud español es uno de los más eficientes de todo el mundo. Ofrece una gran calidad y cantidad de servicios a unos costes muy reducidos, tanto que sólo se dedica a Sanidad un 6 por ciento del PIB, a gran distancia de los países de nuestro entorno.
En este escenario, y con la necesidad de reducir 50.000 millones de gasto en los próximos tres años, 14.000 de ellos corresponderían a las comunidades autónomas, llegan los recortes al sector farmacéutico. Unos recortes que requieren llegar con celeridad a causa de que las comunidades autónomas no tienen liquidez para afrontar todos los compromisos de gasto.
Está claro que la situación económica requiere priorizar sobre los gastos para poder asegurar la viabilidad del Estado del bienestar, o simplemente la del propio Estado, y la de la economía española. En este sentido, la prioridad que han establecido los políticos ha sido la de apretar el cinturón al pantalón del sector farmacéutico. El plan de contención de la factura farmacéutica es la primera medida, y única por el momento, que realmente tiene como objetivo la reducción del gasto. Mientras tanto, ninguna Administración se atreve a suprimir subvenciones absurdas, congelar el sueldo a los funcionarios, eliminar gastos superfluos o a implantar el copago. Porque todo ello resta votos. Y, por ese motivo, se ha elegido a un chivo expiatorio para que pague los platos rotos de la crisis. Lamentablemente, se ha elegido a uno de los pocos sectores que estaban sorteando el paro y que tendría que ser parte fundamental en la recuperación económica y cambio de modelo de crecimiento. No entendemos el motivo.
Creemos que habría que dejar sobre la mesa lo acordado hasta el momento y empezar de nuevo. Si el Consejo de Política Fiscal y Financiera puede dejar para dentro de dos meses la toma en consideración de las medidas a implantar para ahorrar 12.500 millones de euros, ¿por qué no se puede hacer lo mismo, tomárselo con calma y sopesar los riesgos, con los 1.500 millones a ahorrar en el gasto en medicamentos?
Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de la situación. Llevamos en crisis más de dos años, pero da la sensación de que ésta llegase ayer y ahora se tiene que correr para poner rápido medidas sobre la mesa. El gasto sanitario es el 6 por ciento del PIB y, aunque hay correcciones a realizar, no existe un despilfarro. Si no, sería imposible el nivel de eficiencia tan cacareado que existe. Por ello, aunque sea necesario eliminar ineficiencias y ajustarse el cinturón, tenemos serias dudas de que la sanidad tenga que ser una de las prioridades de actuación, y, mucho menos, la primera sobre la que actuar. Pero bajando al terreno farmacéutico, que es el que aquí nos ocupa, las dudas son todavía más importantes.
El ámbito farmacéutico es uno de los más regulados que existen, lo que supone una serie de beneficios pero también perjuicios. Por eso, es obligado reconocer el importante esfuerzo que las administraciones públicas hacen pagando la práctica totalidad de la factura sanitaria y farmacéutica, pero no es menos importante poner de manifiesto lo que el sector farmacéutico aporta al bienestar de nuestros ciudadanos. Y también, lógicamente, es de destacar el precio por el que lo hace en nuestro país, uno de los más bajos de la Unión Europea.
De los aproximadamente 60.000 millones de euros que se destinan a sanidad anualmente, unos 17.000 corresponden a los medicamentos. De éstos, 12.500 corresponden a las ventas que se realizan en oficina de farmacia. Y es esta última cifra sobre la única que se ha actuado. Y además, de manera muy desacertada. No se ha planteado ninguna medida que, a la vez de tener efecto a corto plazo, conlleve un impacto estructural sobre el sistema. Además, todas las medidas que se pretenden poner en marcha perjudican gravemente a gran parte de la industria (especialmente cuatro compañías innovadoras y todo el sector del genérico), distribución y oficina de farmacia.
Pero, tal vez, lo peor de todo es que se ha hecho todo a espaldas de un sector que ha mostrado prácticamente siempre su lealtad institucional. Se ha hecho sin consultar, sin consensuar y sin escuchar las múltiples propuestas que en las últimas semanas han surgido, algunas más acertadas que otras, por supuesto. Pero el Ministerio de Sanidad, con la complicidad del Consejo Interterritorial, optó por lo fácil, por el efecto inmediato, sin pensar en sus consecuencias. Todo ello lleva a pensar que ha existido una posible improvisación y precipitación en las decisiones acordadas en los últimos días.
Si el Consejo de Ministros aprueba el texto que se ha filtrado como borrador de real decreto ley se estará condenando al paro a muchos de los trabajadores con los que cuenta actualmente la industria farmacéutica, y se estará minando la continuidad de las inversiones de la industria en nuestro país. En algunos casos hasta la propia existencia de las compañías. España habrá demostrado no ser un país que genere confianza para asegurar un entorno legal y económico estable y predecible. Si se aprueba este texto, cuatro compañías absorberán ellas solas más del 40 por ciento de los 1.500 millones de euros a ahorrar: 600 millones. Y una de ellas tendrá que asumir sobre su espalda casi 300 millones de euros. Por muy gigantes económicos que sean a nivel mundial un varapalo de esta intensidad puede tener unos efectos devastadores e imprevisibles a día de hoy para las filiales españolas.
Hay muchas maneras de lograr ahorrar 1.500 millones, sobre todo sin afectar tanto al sector ni condenar a la ruina a determinadas compañías. Lo que sí es necesario e importante es atajar el verdadero problema de la sanidad: la demanda injustificada y sin control que es responsable de la inmensa mayoría del crecimiento del gasto. Lo que ocurre es que trabajar en este ámbito cuesta votos y hace falta trabajar mucho para que la medida empiece a dar resultados, por lo que sus efectos son a medio y largo plazo.
Por todo ello, desde EG llamamos a la reflexión y a que el Gobierno se replantee las medidas a tomar. También advertimos de que EG y todo el grupo editorial de Contenidos e Información de Salud estará siempre en contra de las medidas cortoplacistas, que no se pacten y que hundan y arruinen a unos cuantos o a todo un sector. Nuestra razón de ser no nos permite quedarnos de brazos cruzados y denunciaremos una y otra vez las injusticias que se produzcan, sobre todo si éstas perjudican gravemente el empleo, la competitividad y el desarrollo de la sociedad española que, de la mano del sector farmacéutico, se podría lograr. En definitiva, no podemos estar de acuerdo con los parches que se pretenden imponer ya que no son otra cosa que el sacrificio de unas cuantas compañías para solucionar la situación financiera de las autonomías durante unos cuantos meses de. Un sacrificio a los dioses en el que el único que pierde es el cordero y, desgraciadamente, nadie gana.
