En el mes de julio de 2013, tras doce meses de aplicación del copago estatal, el mercado farmacéutico español rondará el entorno de los 8.300 millones de euros. Previsiblemente, el gasto farmacéutico habrá bajado un 23,6 por ciento y el número de recetas un 21,1 por ciento. El gasto medio por receta, que en 2003 era de 12,66 euros ha bajado a los 10,79, con lo que su reducción es de un 14,7 por ciento. Conclusión: para obtener los mismos rendimientos que hace diez años, el sector farmacéutico en su conjunto tendría hoy que trabajar un 15 por ciento más.
Los datos publicados esta semana por EG no dejan lugar a dudas. Y eso que no tienen en cuenta la variable del IPC. Es fácil deducir por todo ello que el descalabro de la factura pública de medicamentos es algo que, de continuar al mismo ritmo en el futuro, será totalmente inasumible para el sector farmacéutico español. Es posible concluir también otra cosa: que es necesario un cambio de rumbo para con la industria, la distribución y las farmacias, cuya paciencia se agota a medida que se suceden las medidas de control, los ajustes y los impagos de las administraciones.
Los gestores se han dado cuenta de que la demanda de medicamentos es la principal responsable de los incrementos de la factura. Más vale tarde que nunca. Una vez exprimidas las posibilidades de ahorro en el sector, ahora el foco está en el número de recetas, que según Javier Fernández-Lasquetty está un 15 por ciento por encima de la media europea.
Sin embargo, esta es un arma de doble filo que bien empleada puede, efectivamente, ayudar a conseguir un uso racional de los medicamentos. Mal diseñada, puede acarrear problemas de salud cuyo impacto económico podría hacer palidecer a los ahorros esperados.
El copago ha demostrado ser una herramienta eficaz (al igual que el euro por receta) para controlar la demanda. Pero solo será eficiente si la decisión de no adquirir y, por tanto, no tomar determinados medicamentos viene con prescripción médica. Si es el paciente quien lo decide, como alertan numerosos profesionales, será difícil trasladar a la población la idea de que ni el copago ni el euro por receta tienen una finalidad económica.
