En los últimos tiempos el acceso a los tratamientos es una de las cuestiones más relevantes a solventar y que implican y afectan de lleno a todo el ámbito legislativo, regulador y profesional.
Para la industria, ya hace años que con la aprobación del medicamento y su fijación de precio se iniciaba un nuevo proceso, cada vez más complejo, de acceso al mercado. La descentralización de las competencias sanitarias y la multiplicidad de centros de decisión suponen un reto cada vez más complicado de afrontar. Las comunidades autónomas, por su parte, han visto en el control del acceso al mercado la única herramienta de control de la oferta que tenían a su disposición. Tras años clamando por dejar de ser quien paga lo que invitaban desde el Ministerio de Sanidad, encontraron en las comisiones de evaluación la piedra angular sobre la que hacer pivotar el control del gasto en medicamentos. Al menos en innovaciones.
No obstante, las reevaluaciones realizadas, con criterios más económicos que clínicos rechazaba o relegaba sin demasiado tino la utilización de un medicamento que en otra región podría ser tomado como el de elección. Precisamente estas discrepancias son las que siempre han preocupado a Sanidad y las que muestran claramente que no tienen justificación sanitaria excepto en un contadísimo número de casos por razones de epidemiología local.
Para empezar a poner orden en esta cuestión, hace unos meses Sanidad lideró, en colaboración con las comunidades autónomas la elaboración del informe de utilidad terapéutica (IUT) con recomendaciones para el uso de los nuevos tratamientos para la hepatitis C. Lamentablemente, su uso no es de obligado cumplimiento y, al final, no se ha conseguido una respuesta homogénea en todo el territorio.
Actualmente, el Ministerio de Sanidad está trabajando en toda la regulación de precios y evaluaciones de medicamentos. En ella se contemplará la realización de IUT para definir el lugar en la clínica de cada medicamento. Lo lógico, lo idóneo y lo que parece que va a intentar es impedir las reevaluaciones y obligar a las autonomías a acatar los IUT. Con ello se asegurará un acceso rápido y homogéneo a aquellos productos que, realmente, son innovadores.
